El reconocido caso de Néstor Alonso Tarazona Enciso, señalado como uno de los principales socios del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzm...
El reconocido caso de Néstor Alonso Tarazona Enciso, señalado como uno de los principales socios del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán en Colombia, ha tomado un inesperado giro judicial, sorpresivamente la misma Fiscalía General de la Nación retiró el escrito de acusación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, por esta decisión el juez pidió que investiguen al fiscal.
El proceso
El caso de Néstor Alonso es llevado por el fiscal 24 Especializado adscrito a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de Bogotá D.C., este ha intentado realizar 3 preacuerdos, pero no han sido aceptados por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Pereira y después de no conseguir su cometido, el ente acusador sorprendió con retirar el escrito de acusación, lo que ha generado desconcierto. Al parecer, según información conocida, el fiscal busca cambiar la tipificación de los delitos por otros de menor punibilidad.
La fiscalía puede pretender presentar el escrito de acusación en la ciudad de Bogotá y el juez especializado de Pereira quiere continuar con el proceso por el desgaste que se ha generado, por la dilatación, la fiscalía puede correr con el riesgo de que la defensa pida vencimiento de términos y que el socio del Chapo quede libre.
Sin embargo, retirar la acusación no implica la terminación del proceso, sino cambiar los delitos; es decir, quitar un agravante, más no en adicionar más delitos, estudiar la manera de presentar otro preacuerdo ya que, al existir una imputación de cargos, el proceso debe seguir su curso hasta su conclusión mediante diversos mecanismos del ordenamiento procesal penal.
En el caso específico, a pesar de que la Fiscalía informó con antelación al Tribunal Superior de Pereira sobre su decisión de retirar el escrito acusatorio, el juez no le dio trámite. Aunque se sustentó el retiro durante la audiencia, el funcionario judicial decidió ir en contra de esta pretensión, argumentando un supuesto desgaste judicial, persistió en su postura, para mantener la solicitud de audiencia, lo que llevó esto hasta el Tribunal Superior de Pereira.
Es así como el Tribunal Superior de Pereira concluyó que la Fiscalía tiene la facultad legal y constitucional de retirar la acusación, y el juez debe aceptar este retiro sin celebrar audiencia alguna, evitando socavar las bases del sistema penal acusatorio al permitir que el proceso continúe bajo su conocimiento, a pesar de la decisión de la Fiscalía y le ordenó al Juzgado especializado que proceda a aceptar el retiro del escrito de acusación, corriendo la Fiscalía con las cargas procesales correspondientes en la investigación en curso, las consecuencias que le puede generar.
El proceso judicial, que ya lleva cuatro años, destaca por la supuesta conexión de Tarazona con el Cartel de Sinaloa y su estrecha relación con 'el Chapo' Guzmán. La incertidumbre sobre la certeza de las imputaciones iniciales y la espera de posibles imputaciones por delitos de menor relevancia mantienen en vilo el destino legal de Néstor Alonso, actualmente bajo detención domiciliaria. Además, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira impuso copias al fiscal, quien a su vez le impuso copias al juzgado, argumentando la negación del preacuerdo y declarando su impedimento para continuar con el caso.
Recordemos que en 2018, la DIJIN recibió información indicando que Néstor Alonso Tarazona Enciso, quien regresó a Colombia tras cumplir condena en Estados Unidos por narcotráfico, estaba involucrado en actividades ilícitas. Se le atribuyó la fundación de las empresas ‘Agropecuaria La Cruz Ltda’ y ‘Criadero Las Cabañas’, supuestamente adquiridas con fondos ilícitos del narcotráfico, generando un aumento injustificado en su patrimonio.
En agosto del año 2021, funcionarios de la Policía Nacional y Fiscalía lo capturaron en un retén realizado por las autoridades, lo buscaban como una persona vinculada a una investigación por el delito de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares. Tras su detención, se llevaron a cabo audiencias preliminares (agosto 29 de 2021) en el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató, donde se declaró la legalidad de la captura, se formuló imputación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y se impuso la medida de detención preventiva en un centro carcelario.
La indagación da cuenta de que Tarazona habría usado dos empresas agropecuarias de Pereira y Neiva, para mover y blanquear dineros provenientes del tráfico de drogas del Cartel de Sinaloa, cuyo jefe es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, más conocido en el mundo delictivo como el Chapo Guzmán.
DATO
A Tarazona le figuran registros de captura en Estados Unidos en 1989, 1990 y 2012, las tres detenciones fueron por cargos relacionados con narcotráfico, según las autoridades.
La investigación
La indagación adelantada por las autoridades incluyó análisis contables y financieros donde habría quedado en evidencia que se ocultó la situación económica de las empresas ante la DIAN. Los hechos se habrían registrado entre los años 1995 y 2012, donde se habrían lavado más de 2.500 millones de pesos. A Néstor Tarazona la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.
El proceso
El caso de Néstor Alonso es llevado por el fiscal 24 Especializado adscrito a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de Bogotá D.C., este ha intentado realizar 3 preacuerdos, pero no han sido aceptados por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Pereira y después de no conseguir su cometido, el ente acusador sorprendió con retirar el escrito de acusación, lo que ha generado desconcierto. Al parecer, según información conocida, el fiscal busca cambiar la tipificación de los delitos por otros de menor punibilidad.
La fiscalía puede pretender presentar el escrito de acusación en la ciudad de Bogotá y el juez especializado de Pereira quiere continuar con el proceso por el desgaste que se ha generado, por la dilatación, la fiscalía puede correr con el riesgo de que la defensa pida vencimiento de términos y que el socio del Chapo quede libre.
Sin embargo, retirar la acusación no implica la terminación del proceso, sino cambiar los delitos; es decir, quitar un agravante, más no en adicionar más delitos, estudiar la manera de presentar otro preacuerdo ya que, al existir una imputación de cargos, el proceso debe seguir su curso hasta su conclusión mediante diversos mecanismos del ordenamiento procesal penal.
En el caso específico, a pesar de que la Fiscalía informó con antelación al Tribunal Superior de Pereira sobre su decisión de retirar el escrito acusatorio, el juez no le dio trámite. Aunque se sustentó el retiro durante la audiencia, el funcionario judicial decidió ir en contra de esta pretensión, argumentando un supuesto desgaste judicial, persistió en su postura, para mantener la solicitud de audiencia, lo que llevó esto hasta el Tribunal Superior de Pereira.
Es así como el Tribunal Superior de Pereira concluyó que la Fiscalía tiene la facultad legal y constitucional de retirar la acusación, y el juez debe aceptar este retiro sin celebrar audiencia alguna, evitando socavar las bases del sistema penal acusatorio al permitir que el proceso continúe bajo su conocimiento, a pesar de la decisión de la Fiscalía y le ordenó al Juzgado especializado que proceda a aceptar el retiro del escrito de acusación, corriendo la Fiscalía con las cargas procesales correspondientes en la investigación en curso, las consecuencias que le puede generar.
El proceso judicial, que ya lleva cuatro años, destaca por la supuesta conexión de Tarazona con el Cartel de Sinaloa y su estrecha relación con 'el Chapo' Guzmán. La incertidumbre sobre la certeza de las imputaciones iniciales y la espera de posibles imputaciones por delitos de menor relevancia mantienen en vilo el destino legal de Néstor Alonso, actualmente bajo detención domiciliaria. Además, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira impuso copias al fiscal, quien a su vez le impuso copias al juzgado, argumentando la negación del preacuerdo y declarando su impedimento para continuar con el caso.
Recordemos que en 2018, la DIJIN recibió información indicando que Néstor Alonso Tarazona Enciso, quien regresó a Colombia tras cumplir condena en Estados Unidos por narcotráfico, estaba involucrado en actividades ilícitas. Se le atribuyó la fundación de las empresas ‘Agropecuaria La Cruz Ltda’ y ‘Criadero Las Cabañas’, supuestamente adquiridas con fondos ilícitos del narcotráfico, generando un aumento injustificado en su patrimonio.
En agosto del año 2021, funcionarios de la Policía Nacional y Fiscalía lo capturaron en un retén realizado por las autoridades, lo buscaban como una persona vinculada a una investigación por el delito de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares. Tras su detención, se llevaron a cabo audiencias preliminares (agosto 29 de 2021) en el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató, donde se declaró la legalidad de la captura, se formuló imputación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y se impuso la medida de detención preventiva en un centro carcelario.
La indagación da cuenta de que Tarazona habría usado dos empresas agropecuarias de Pereira y Neiva, para mover y blanquear dineros provenientes del tráfico de drogas del Cartel de Sinaloa, cuyo jefe es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, más conocido en el mundo delictivo como el Chapo Guzmán.
DATO
A Tarazona le figuran registros de captura en Estados Unidos en 1989, 1990 y 2012, las tres detenciones fueron por cargos relacionados con narcotráfico, según las autoridades.
La investigación
La indagación adelantada por las autoridades incluyó análisis contables y financieros donde habría quedado en evidencia que se ocultó la situación económica de las empresas ante la DIAN. Los hechos se habrían registrado entre los años 1995 y 2012, donde se habrían lavado más de 2.500 millones de pesos. A Néstor Tarazona la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.
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