Pese a que la Fiscalía Seccional de Risaralda solicitó medida de aseguramiento en la audiencia pasada para cinco personas investigadas por p...
Pese a que la Fiscalía Seccional de Risaralda solicitó medida de aseguramiento en la audiencia pasada para cinco personas investigadas por presuntos hechos de corrupción en el municipio industrial, quienes no aceptaron los delitos imputados; Angélica María Raigosa Restrepo, Natalia Trilleras Giraldo, Yolima María Bueno Mendoza, Jorge Augusto Arias Orozco y el concejal de Belén de Umbría, Carlon Londoño Sánchez, en la diligencia de ayer los defensores salieron con todo a blindar a sus clientes.
Estos cinco señalados fueron capturados por el contrato 2526, en el que se investigan manejos turbios durante las fiestas de los 50 años de Dosquebradas, celebradas el 28 y 29 de noviembre de 2022. Según el expediente, en el negocio se habría perdido un dineral, $242.049.913 que, al parecer, terminaron en bolsillos equivocados.
Lo que dijeron los abogados
Defensor de Carlon Londoño Sánchez actual concejal
Salió con todo a pedir que no lo manden a una cárcel, porque sería matarlo en vida. Contó que su cliente sufre diabetes, necesita diálisis, ha tenido varios preinfartos y, como dijo el propio abogado, “tiene un pie aquí y el otro allá”. Pidió detención domiciliaria para que pueda seguir trabajando en Belén de Umbría. Además, disparó contra la Fiscalía diciendo que sus argumentos no tienen coherencia ni congruencia, y que no hay pruebas sólidas que lo hundan como autor del delito.
Abogado de Angélica María Raigosa Restrepo
Aseguró que Angélica nunca firmó nada irregular y que no hay prueba alguna de que actuara antes de ser llamada a “apoyar” en la supervisión. Según dijo, la Secretaria de Cultura le pidió que ayudara como supervisora para que se hiciera el desembolso del dinero y arrancaran las fiestas. Presentó una declaración jurada de Daniel Fernando Gutiérrez Mesa, donde se habla de una reunión con una señora llamada Aurora para hablar de precios, desayunos, almuerzos y demás logística. Sí firmó un documento para liberar plata, pero el abogado insiste en que lo hizo solo como garante, sin saber que era falso ni que se usaba para negocios turbios. Agregó que Angélica hizo un seguimiento detallado de cada punto, reclamó a la fundación por incumplir los ítems y pasó un oficio a la Fiscalía poniéndose a entera disposición para lo que necesiten. En resumen, dijo que a Angélica la “utilizaron” y que siempre quiso que las cosas se hicieran bien.
Defensa de Natalia Trilleras Giraldo
La pintó como alguien que no sabía nada, que no estuvo en reuniones y que firmó porque confió en que jurídica ya había revisado todo. Según su abogado, no era su función ordenar gastos, así que no hay manera de decir que sea autora de peculado. Recordó que Natalia ya no trabaja en la administración municipal y que está totalmente desvinculada. Además, reveló que la mujer está en exámenes por una enfermedad que le están tratando de confirmar, que su esposo es diabético, que tiene un niño menor y un papá gravemente enfermo, y que todos dependen económicamente de ella.
Abogado de Jorge Augusto Arias Orozco contratista
Negó que Jorge fuera emisario en reuniones clandestinas y dijo que no hay ni un solo soporte que lo ponga como participante. Recalcó que la Fiscalía metió a todos en la misma bolsa, hablando de autores, pero sin diferenciar quién hizo qué ni individualizar responsabilidades.
Defensor de Yolima María Bueno Mendoza
Lo primero que hizo fue decir que la Fiscalía arrancó mal, con afirmaciones desenfocadas y desubicadas. Explicó que Yolima sabía desde el 20 de marzo que había una investigación, pero no se fugó. Destacó que nunca ha tenido problemas judiciales y que hoy atraviesa una situación complicada de salud.
Dato
La juez decidió suspender la diligencia para analizar a fondo las pruebas presentadas por la defensa y revisar la montaña de documentos, se fijó una nueva fecha para el viernes 15 de agosto, 1:00 p. m., para reanudar la solicitud de medida de aseguramiento.
Lo que dijo la Fiscalía
En audiencias pasadas, para el ente acusador, el contrato fue “amarrado” desde el inicio para que lo ejecutara el concejal Carlon Londoño Sánchez, sin estudios de mercado ni valores claros para las actividades. Señalan que las funcionarias firmaron papeles incompletos, avalando eventos que ni siquiera tenían programación definida, lo que habría permitido la apropiación de recursos a favor del concejal y de las demás acusadas. Según la Fiscalía, la fundación contratada solo sirvió de intermediaria para que el dinero llegara a manos de Carlon, y por eso pidió cárcel para él, Yolima y Angélica, argumentando que podrían interferir en el proceso.
Estos cinco señalados fueron capturados por el contrato 2526, en el que se investigan manejos turbios durante las fiestas de los 50 años de Dosquebradas, celebradas el 28 y 29 de noviembre de 2022. Según el expediente, en el negocio se habría perdido un dineral, $242.049.913 que, al parecer, terminaron en bolsillos equivocados.
Lo que dijeron los abogados
Defensor de Carlon Londoño Sánchez actual concejal
Salió con todo a pedir que no lo manden a una cárcel, porque sería matarlo en vida. Contó que su cliente sufre diabetes, necesita diálisis, ha tenido varios preinfartos y, como dijo el propio abogado, “tiene un pie aquí y el otro allá”. Pidió detención domiciliaria para que pueda seguir trabajando en Belén de Umbría. Además, disparó contra la Fiscalía diciendo que sus argumentos no tienen coherencia ni congruencia, y que no hay pruebas sólidas que lo hundan como autor del delito.
Abogado de Angélica María Raigosa Restrepo
Aseguró que Angélica nunca firmó nada irregular y que no hay prueba alguna de que actuara antes de ser llamada a “apoyar” en la supervisión. Según dijo, la Secretaria de Cultura le pidió que ayudara como supervisora para que se hiciera el desembolso del dinero y arrancaran las fiestas. Presentó una declaración jurada de Daniel Fernando Gutiérrez Mesa, donde se habla de una reunión con una señora llamada Aurora para hablar de precios, desayunos, almuerzos y demás logística. Sí firmó un documento para liberar plata, pero el abogado insiste en que lo hizo solo como garante, sin saber que era falso ni que se usaba para negocios turbios. Agregó que Angélica hizo un seguimiento detallado de cada punto, reclamó a la fundación por incumplir los ítems y pasó un oficio a la Fiscalía poniéndose a entera disposición para lo que necesiten. En resumen, dijo que a Angélica la “utilizaron” y que siempre quiso que las cosas se hicieran bien.
Defensa de Natalia Trilleras Giraldo
La pintó como alguien que no sabía nada, que no estuvo en reuniones y que firmó porque confió en que jurídica ya había revisado todo. Según su abogado, no era su función ordenar gastos, así que no hay manera de decir que sea autora de peculado. Recordó que Natalia ya no trabaja en la administración municipal y que está totalmente desvinculada. Además, reveló que la mujer está en exámenes por una enfermedad que le están tratando de confirmar, que su esposo es diabético, que tiene un niño menor y un papá gravemente enfermo, y que todos dependen económicamente de ella.
Abogado de Jorge Augusto Arias Orozco contratista
Negó que Jorge fuera emisario en reuniones clandestinas y dijo que no hay ni un solo soporte que lo ponga como participante. Recalcó que la Fiscalía metió a todos en la misma bolsa, hablando de autores, pero sin diferenciar quién hizo qué ni individualizar responsabilidades.
Defensor de Yolima María Bueno Mendoza
Lo primero que hizo fue decir que la Fiscalía arrancó mal, con afirmaciones desenfocadas y desubicadas. Explicó que Yolima sabía desde el 20 de marzo que había una investigación, pero no se fugó. Destacó que nunca ha tenido problemas judiciales y que hoy atraviesa una situación complicada de salud.
Dato
La juez decidió suspender la diligencia para analizar a fondo las pruebas presentadas por la defensa y revisar la montaña de documentos, se fijó una nueva fecha para el viernes 15 de agosto, 1:00 p. m., para reanudar la solicitud de medida de aseguramiento.
Lo que dijo la Fiscalía
En audiencias pasadas, para el ente acusador, el contrato fue “amarrado” desde el inicio para que lo ejecutara el concejal Carlon Londoño Sánchez, sin estudios de mercado ni valores claros para las actividades. Señalan que las funcionarias firmaron papeles incompletos, avalando eventos que ni siquiera tenían programación definida, lo que habría permitido la apropiación de recursos a favor del concejal y de las demás acusadas. Según la Fiscalía, la fundación contratada solo sirvió de intermediaria para que el dinero llegara a manos de Carlon, y por eso pidió cárcel para él, Yolima y Angélica, argumentando que podrían interferir en el proceso.
COMENTARIOS