Habrían amañado contratos por más de $180 millones, usando documentos falsos y beneficiando a familiares y amigos cercanos, en vez de darle ...
Habrían amañado contratos por más de $180 millones, usando documentos falsos y beneficiando a familiares y amigos cercanos, en vez de darle trabajo al pueblo que lo necesita, prefirieron llenar aún más sus bolsillos.
Por posibles irregularidades en la contratación de transporte escolar y recolección de basuras, el alcalde Orlaín Salazar Ramírez, fue judicializado junto con cuatro personas más, entre funcionarios y contratistas, por delitos que comprometen la transparencia y legalidad de la administración pública.
Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron entre enero y junio de 2024, cuando se suscribieron dos contratos por un valor total de $183.149.600. Las investigaciones apuntan a que hubo favorecimiento a personas del círculo familiar y de confianza del mandatario, así como la utilización de documentación falsa para soportar pagos que no se ejecutaron conforme a la ley.
Junto al alcalde, también fueron presentados ante un juez de control de garantías, Adrián Sánchez Rodríguez, secretario de Planeación; Diana Alexandra Vanegas Pedraza, exsecretaria de Salud y Desarrollo Social; Yeison Darío Gaviria López, contratista y Divier Alexander Moncada Patiño, contratista
Ninguno aceptó los cargos
A todos ellos se les imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento privado y público.
Contratos a dedo
El primero de los contratos cuestionados fue el de transporte escolar, por $17 millones, el cual, según la Fiscalía, fue manejado directamente por el alcalde y por Gaviria López. Ellos habrían reunido a varios conductores, entre ellos familiares y amigos, sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la ley.
De hecho, el contratista formal, Moncada Patiño, habría prestado su nombre sin tener control real sobre la ejecución del contrato. No sabía quiénes eran los conductores, desconocía las rutas y no manejaba la contabilidad. Las decisiones eran tomadas directamente por el alcalde y su círculo.
Además, se detectó que varios de los vehículos usados no tenían SOAT, ni licencias de operación vigentes. Tampoco se realizó un proceso de selección objetivo ni se convocaron empresas privadas, según lo denunciado en la audiencia.
Licencias falsas
El segundo contrato comprometido fue el de recolección de residuos sólidos. Se le adjudicó directamente a Yeison Gaviria López, quien no cumplía los requisitos mínimos, no tenía licencia para conducir camiones y tampoco experiencia. Según el fiscal, era el conductor personal y pareja sentimental de la hijastra del alcalde.
En este proceso, se habrían presentado documentos falsos, incluida una licencia de conducción alterada. Además, se usaron fotografías falsas como prueba de la ejecución del contrato para justificar los pagos, hechos que habrían sido avalados por el entonces secretario de Planeación.
La audiencia
“Usted, señor alcalde, contrataba y se beneficiaba”. Durante la audiencia, el fiscal fue claro al señalar que el alcalde Orlaín Salazar tenía un vehículo propio vinculado al contrato de transporte escolar y que, junto con otros procesados, manejaban directamente los recursos. Según lo expuesto, el contratista solo prestó su nombre como fachada, pues ni conocía las rutas ni a los conductores, y todo el manejo estaba en manos del alcalde y su círculo cercano.
También quedó en evidencia que para el contrato de recolección de basuras se utilizó una licencia falsa para beneficiar al esposo de la hijastra del alcalde, quien no tenía experiencia ni conducía el vehículo. El alcalde, según el fiscal, recibía parte del dinero del contrato en efectivo, directamente en su oficina.
Dato
El juez de control de garantías envió a prisión al alcalde Orlaín Salazar Ramírez y al secretario de Planeación, Adrián Sánchez Rodríguez.
Yeison Gaviria López recibió detención domiciliaria, mientras que Vanegas Pedraza y Moncada Patiño seguirán vinculados al proceso, pero en libertad.
Por posibles irregularidades en la contratación de transporte escolar y recolección de basuras, el alcalde Orlaín Salazar Ramírez, fue judicializado junto con cuatro personas más, entre funcionarios y contratistas, por delitos que comprometen la transparencia y legalidad de la administración pública.
Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron entre enero y junio de 2024, cuando se suscribieron dos contratos por un valor total de $183.149.600. Las investigaciones apuntan a que hubo favorecimiento a personas del círculo familiar y de confianza del mandatario, así como la utilización de documentación falsa para soportar pagos que no se ejecutaron conforme a la ley.
Junto al alcalde, también fueron presentados ante un juez de control de garantías, Adrián Sánchez Rodríguez, secretario de Planeación; Diana Alexandra Vanegas Pedraza, exsecretaria de Salud y Desarrollo Social; Yeison Darío Gaviria López, contratista y Divier Alexander Moncada Patiño, contratista
Ninguno aceptó los cargos
A todos ellos se les imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento privado y público.
Contratos a dedo
El primero de los contratos cuestionados fue el de transporte escolar, por $17 millones, el cual, según la Fiscalía, fue manejado directamente por el alcalde y por Gaviria López. Ellos habrían reunido a varios conductores, entre ellos familiares y amigos, sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la ley.
De hecho, el contratista formal, Moncada Patiño, habría prestado su nombre sin tener control real sobre la ejecución del contrato. No sabía quiénes eran los conductores, desconocía las rutas y no manejaba la contabilidad. Las decisiones eran tomadas directamente por el alcalde y su círculo.
Además, se detectó que varios de los vehículos usados no tenían SOAT, ni licencias de operación vigentes. Tampoco se realizó un proceso de selección objetivo ni se convocaron empresas privadas, según lo denunciado en la audiencia.
Licencias falsas
El segundo contrato comprometido fue el de recolección de residuos sólidos. Se le adjudicó directamente a Yeison Gaviria López, quien no cumplía los requisitos mínimos, no tenía licencia para conducir camiones y tampoco experiencia. Según el fiscal, era el conductor personal y pareja sentimental de la hijastra del alcalde.
En este proceso, se habrían presentado documentos falsos, incluida una licencia de conducción alterada. Además, se usaron fotografías falsas como prueba de la ejecución del contrato para justificar los pagos, hechos que habrían sido avalados por el entonces secretario de Planeación.
La audiencia
“Usted, señor alcalde, contrataba y se beneficiaba”. Durante la audiencia, el fiscal fue claro al señalar que el alcalde Orlaín Salazar tenía un vehículo propio vinculado al contrato de transporte escolar y que, junto con otros procesados, manejaban directamente los recursos. Según lo expuesto, el contratista solo prestó su nombre como fachada, pues ni conocía las rutas ni a los conductores, y todo el manejo estaba en manos del alcalde y su círculo cercano.
También quedó en evidencia que para el contrato de recolección de basuras se utilizó una licencia falsa para beneficiar al esposo de la hijastra del alcalde, quien no tenía experiencia ni conducía el vehículo. El alcalde, según el fiscal, recibía parte del dinero del contrato en efectivo, directamente en su oficina.
Dato
El juez de control de garantías envió a prisión al alcalde Orlaín Salazar Ramírez y al secretario de Planeación, Adrián Sánchez Rodríguez.
Yeison Gaviria López recibió detención domiciliaria, mientras que Vanegas Pedraza y Moncada Patiño seguirán vinculados al proceso, pero en libertad.
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