El Tribunal Superior de Pereira revocó la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira sobre el reconocimiento de víctimas en ...
El Tribunal Superior de Pereira revocó la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira sobre el reconocimiento de víctimas en el caso Colibríes. Tras esta decisión, se reanuda la audiencia de acusación contra el exalcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López, y otros implicados en el presunto detrimento patrimonial relacionado con la construcción de la avenida en mención.
Decisión del Tribunal
El Tribunal Superior, tras analizar el caso, revocó la decisión del 6 de diciembre de 2024 del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira y negó el reconocimiento de Transportes W y Agregados como víctimas en el proceso penal.
No se acreditó la existencia legal de las empresas ni su identificación tributaria, no se presentó un poder legal que autorizara la representación de las empresas en el caso y no se demostró una relación clara entre los delitos imputados y el perjuicio económico alegado.
El abogado Mateo Rendón Botero se presentó en audiencia afirmando representar a las empresas, pero no aportó los documentos necesarios para acreditarlo. La Fiscalía respaldó su solicitud, argumentando que el Consorcio Prosperidad Vial Cerritos les debía dinero por un contrato con la Alcaldía de Pereira. Sin embargo, el Tribunal determinó que no se presentaron pruebas suficientes para justificar su condición de víctima dentro del proceso penal.
En conclusión el Tribunal identificó dos problemas clave en el reconocimiento de las víctimas: la falta de individualización de las empresas y la falta de legitimación del abogado que las representaba. Ante esto, revocó la decisión del Juzgado y negó el reconocimiento de Transportes W y Agregados como víctimas dentro del proceso penal.
Con esta decisión, la audiencia de acusación contra el exalcalde Carlos Maya y los demás procesados por el caso de la Avenida Los Colibríes se reanuda el próximo 3 de abril.
¿Qué pasó?
La audiencia de acusación contra el exalcalde Carlos Alberto Maya López, el exsecretario de Infraestructura Milton Hurtado García y otros procesados se reactivó tras la decisión del Tribunal. La audiencia fue reprogramada para el jueves 3 de abril, donde la Fiscalía 20 Seccional buscará formalizar la acusación contra Maya López, Hurtado García, José Alberto Rojas Prieto, José Gabriel Vargas Carvajal, Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal y Carlos Guillermo Suárez Escobar. A los acusados se les imputan delitos como falsedad ideológica en documento público, obtención de documento público falso, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal.
Antecedentes del caso
La audiencia fue suspendida el 6 de diciembre de 2024 cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito reconoció como víctimas a las empresas Transportes W y Agregados de Occidente S.A.S. Esta decisión fue apelada por los defensores de los acusados y el Ministerio Público, quienes argumentaron que no se había acreditado la calidad de víctima de la empresa y que, por lo tanto, no podía ser reconocida como tal.
Tanto el juez como la Fiscalía coincidieron en aceptar la participación de estas empresas como víctimas, pero esta determinación generó controversia entre los abogados defensores, la representante del Ministerio Público y la delegada de la Alcaldía de Pereira, quienes cuestionaron su legitimidad en el caso.
La audiencia de acusación contra el exalcalde Carlos Alberto Maya López, el exsecretario de Infraestructura Milton Hurtado García y otros procesados se reactivó tras la decisión del Tribunal. La audiencia fue reprogramada para el jueves 3 de abril, donde la Fiscalía 20 Seccional buscará formalizar la acusación contra Maya López, Hurtado García, José Alberto Rojas Prieto, José Gabriel Vargas Carvajal, Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal y Carlos Guillermo Suárez Escobar. A los acusados se les imputan delitos como falsedad ideológica en documento público, obtención de documento público falso, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal.
Antecedentes del caso
La audiencia fue suspendida el 6 de diciembre de 2024 cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito reconoció como víctimas a las empresas Transportes W y Agregados de Occidente S.A.S. Esta decisión fue apelada por los defensores de los acusados y el Ministerio Público, quienes argumentaron que no se había acreditado la calidad de víctima de la empresa y que, por lo tanto, no podía ser reconocida como tal.
Tanto el juez como la Fiscalía coincidieron en aceptar la participación de estas empresas como víctimas, pero esta determinación generó controversia entre los abogados defensores, la representante del Ministerio Público y la delegada de la Alcaldía de Pereira, quienes cuestionaron su legitimidad en el caso.
Decisión del Tribunal
El Tribunal Superior, tras analizar el caso, revocó la decisión del 6 de diciembre de 2024 del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira y negó el reconocimiento de Transportes W y Agregados como víctimas en el proceso penal.
No se acreditó la existencia legal de las empresas ni su identificación tributaria, no se presentó un poder legal que autorizara la representación de las empresas en el caso y no se demostró una relación clara entre los delitos imputados y el perjuicio económico alegado.
El abogado Mateo Rendón Botero se presentó en audiencia afirmando representar a las empresas, pero no aportó los documentos necesarios para acreditarlo. La Fiscalía respaldó su solicitud, argumentando que el Consorcio Prosperidad Vial Cerritos les debía dinero por un contrato con la Alcaldía de Pereira. Sin embargo, el Tribunal determinó que no se presentaron pruebas suficientes para justificar su condición de víctima dentro del proceso penal.
En conclusión el Tribunal identificó dos problemas clave en el reconocimiento de las víctimas: la falta de individualización de las empresas y la falta de legitimación del abogado que las representaba. Ante esto, revocó la decisión del Juzgado y negó el reconocimiento de Transportes W y Agregados como víctimas dentro del proceso penal.
Con esta decisión, la audiencia de acusación contra el exalcalde Carlos Maya y los demás procesados por el caso de la Avenida Los Colibríes se reanuda el próximo 3 de abril.
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