En la mañana de ayer, el fiscal 20 Seccional de Administración Pública imputó a José Gabriel Vargas Carvajal, representante legal del consor...
En la mañana de ayer, el fiscal 20 Seccional de Administración Pública imputó a José Gabriel Vargas Carvajal, representante legal del consorcio Prosperidad Vial Cerritos, constructora de la Avenida de Los Colibríes, los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación en calidad de interviniente. El señor Vargas Carvajal no aceptó los cargos y el próximo miércoles el mismo representante de la Fiscalía solicitará para él medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Según el fiscal, la participación de José Gabriel Vargas Carvajal y su socio Carlos Guillermo Suárez Escobar (aún libre), fue determinante en la ejecución del plan de los funcionarios públicos y los interventores para la apropiación indebida de los recursos del municipio en la construcción de esta vía, toda vez que habrían omitido las leyes que rigen la contratación pública y se aliaron con estos, debido al beneficio que habrían recibido por los conceptos de obras no planeadas debidamente en varias fases de la construcción, que en realidad eran obras nuevas.
Soborno en la Cárder
El fiscal involucró a José Gabriel Vargas en el pago de 100 millones de pesos a funcionarios de la Cárder para agilizar los permisos ambientales, dinero que salió del primer anticipo de 16 mil millones administrados por la entidad fiduciaria Credicor y fue acordado con Milton Hurtado, su socio Carlos Guillermo Suárez Escobar y José Alberto Rojas Prieto, Interventor. El dinero se descontó el 22 de abril de 2022 a nombre de Keiser Ingeniería SAS, administrada por Carlos Guillermo Suárez Escobar, por concepto de transporte que no se había ejecutado.
De igual forma, por acuerdo de estas mismas personas se habría empezado a facturar con sobreprecios algunos gastos, y otros fueron duplicados, especialmente los relacionados con las redes eléctricas, el aprovechamiento forestal, las redes del acueducto y la recuperación de la transitabilidad vial, lo que llevaría a la apropiación ilícita de los recursos públicos a favor del contratista.
Dato
Entre abril de 2022 y diciembre de 2023, el consorcio habría recibido pagos por cuentas de cobro por 12 mil millones de pesos por encima de lo realmente ejecutado.
Según el fiscal, la participación de José Gabriel Vargas Carvajal y su socio Carlos Guillermo Suárez Escobar (aún libre), fue determinante en la ejecución del plan de los funcionarios públicos y los interventores para la apropiación indebida de los recursos del municipio en la construcción de esta vía, toda vez que habrían omitido las leyes que rigen la contratación pública y se aliaron con estos, debido al beneficio que habrían recibido por los conceptos de obras no planeadas debidamente en varias fases de la construcción, que en realidad eran obras nuevas.
Soborno en la Cárder
El fiscal involucró a José Gabriel Vargas en el pago de 100 millones de pesos a funcionarios de la Cárder para agilizar los permisos ambientales, dinero que salió del primer anticipo de 16 mil millones administrados por la entidad fiduciaria Credicor y fue acordado con Milton Hurtado, su socio Carlos Guillermo Suárez Escobar y José Alberto Rojas Prieto, Interventor. El dinero se descontó el 22 de abril de 2022 a nombre de Keiser Ingeniería SAS, administrada por Carlos Guillermo Suárez Escobar, por concepto de transporte que no se había ejecutado.
De igual forma, por acuerdo de estas mismas personas se habría empezado a facturar con sobreprecios algunos gastos, y otros fueron duplicados, especialmente los relacionados con las redes eléctricas, el aprovechamiento forestal, las redes del acueducto y la recuperación de la transitabilidad vial, lo que llevaría a la apropiación ilícita de los recursos públicos a favor del contratista.
Dato
Entre abril de 2022 y diciembre de 2023, el consorcio habría recibido pagos por cuentas de cobro por 12 mil millones de pesos por encima de lo realmente ejecutado.
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