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En búsqueda de justicia tras el atentado


El 17 de enero de 2019 el país se estremeció con las imágenes del atentado con carro bomba dentro de las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, cometido por el ELN y que dejó a 22 fallecidos, dos eran oriundos del departamento de Risaralda.

Benjamín Herrera Agudelo

No podemos olvidar


Juan David Rodas Agudelo del municipio de Belén de Umbría y Diego Alejandro Molina Peláez de la capital risaraldense, fueron los dos rostros de la tragedia para el departamento, estos jóvenes cadetes en formación estaban cumpliendo su sueño de ser oficiales de la Policía Nacional, por desgracia no llegaron a servir al país en las calles.

Sus familias destrozadas tuvieron que esperar los resultados de las pruebas de ADN, ya que sus cuerpos quedaron destrozados debido a la explosión; la noticia alcanzó los medios de comunicación internacional junto al rostro del conductor que llevó el carro a las instalaciones.

Juan David Rodas Agudelo

Un largo proceso

La investigación de este atentado tiene dos alas, la primera penal y la segunda de reparación a las víctimas. Benjamín Herrera Agudelo, director del bufete de abogados con su mismo nombre, el cual tiene la representación de 7 de las 22 familias, entre ellas las de Juan David y Diego Alejandro, dio detalles sobre el avance en las diferentes instancias.

En lo penal, que es la judicialización contra los autores materiales e intelectuales del atentado, se tienen cuatro procesos diferentes, en el primero contra Ricardo Andrés Carvajal Salgar ya se logró una condena, el segundo contra Wilson Arevalo Hernández está pendiente el fallo por parte del juez.

En el tercero son seis los capturados: Álvaro José Mateus Vargas, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Angie Lorena Solano Cortés, Carlos Andrés Marín Ríos, Miguel Antonio Castillo Rodríguez y Jessica Catherine Barrientos Castilla quienes están en audiencias preparatorias, así como el último proceso que es contra 7 integrantes del secretariado del Comando Central del ELN.
Diego Alejandro Molina Peláez

¿Y la reparación?


Señaló el abogado Herrera Agudelo que el atentado terrorista fue consumado por el grupo subversivo ELN, pero el Estado tiene responsabilidad “dada la gravísima omisión en que incurriera la Policía Nacional en las puertas de ingreso a la Escuela General Santander, sin las debidas medidas de seguridad”, razón que lo llevó a solicitar una reparación superior a la convencional en estos casos.

El bufete estructuró toda una demanda en la que se exigen tres tipos de reparación para las familias, la de daños y perjuicios morales, la de daños y perjuicios materiales y la de índole simbólico; pero la más llamativa es la primera, en la cual se pide una reparación superior a la convencional que triplica el precio de la original ya que en palabras del abogado administrativo “se trata de un caso de violación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.


La cifra


300 millones de pesos por cada progenitor de las víctimas mortales es lo que el abogado Benjamín Herrera quiere para cada familia.


Dato


Al tratarse de un monto tan alto la demanda no pasó a un juez administrativo convencional, sino al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se espera se fije fecha para la primera audiencia este año.


Dato


Los delitos por los que son investigados los capturados son terrorrismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio, financiación al terrorismo, concierto para delinquir y rebelión.







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