La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, logró una sentencia ...
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, logró una sentencia histórica contra tres exintegrantes de la Policía Nacional, responsables del secuestro, tortura y posterior asesinato de un comerciante. Al parecer el hecho fue ordenado por la banda Cordillera, de Pereira.
"Grave que personas que deben proteger la libertad de las personas (Gaula) tengan vínculos con Cordillera y digan que no sabían que era un secuestro, que fueron asaltados en su buena fe. Todo mundo sabía lo ocurrido, menos ellos": dijo la Fiscalía en los alegatos de conclusión en el sentido de fallo.
Los condenados
Se trata de la teniente coronel en retiro Martha Emilia Gañán Rojas, comandante del Gaula de Calda, el mayor en retiro Dillam Augusto Carrillo Cáceres, quien fue comandante del Gaula de la Policía de Risaralda y el exsubintendente Jorge Iván Ladino Montoya, excomandantes del Gaula de la Policía de los departamentos de Caldas y Risaralda, quienes fueron condenados a 50 y 49 años de prisión, respectivamente, por un juez penal especializado de Manizales.
Los ex oficiales fueron declarados responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado. El fallo especifica que deberán cumplir sus condenas en un establecimiento carcelario.
Cómo ocurrió
Los hechos, que datan de enero de 2011, revelan que el entonces capitán Cáceres Carrillo, acompañado de una uniformada, se desplazó en un vehículo oficial desde la ciudad de Pereira hasta Manizales, fuera de su jurisdicción, sin orden judicial. Retuvieron a un hombre que se encontraba con amigos, golpeándolo, utilizando un dispositivo eléctrico tipo taser y trasladándolo en diferentes vehículos. Finalmente, la víctima fue encontrada muerta en el baúl de un vehículo incendiado en la vereda Las Palomas, entre los municipios de Chinchiná y Palestina.
Las pruebas presentadas en juicio demostraron que la mayor Gañán Rojas, en su calidad de comandante del Gaula Caldas, acudió al lugar de los hechos en un vehículo asignado a su unidad, cambió las placas del automotor y no ejerció sus competencias para evitar o esclarecer lo sucedido. Además, sostuvo reuniones con el entonces capitán Carrillo Cáceres antes y después del crimen.
Los familiares de la víctima denunciaron haber recibido llamadas extorsivas exigiendo 80 millones de pesos por la liberación del secuestrado. El fallo en contra de los excomandantes es de primera instancia y proceden los recursos de ley.
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