Una semana después de iniciadas las audiencias preliminares del ex alcalde de Santuario Everardo Ocho, su secretario de Planeación y un con...
Una semana después de iniciadas las audiencias preliminares del ex alcalde de Santuario Everardo Ocho, su secretario de Planeación y un contratista, la juez juez Penal Municipal de esa localidad resolvió la medida de aseguramiento.
Tuvo la jurista el suficiente tiempo para estudiar los argumentos presentados por la Fiscalía 20 seccional de la administración pública, en contra de estas persona, señaladas de haber incurrido en delitos contra el patrimonio económico del municipio y resolvió en primera instancia dictarles medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus domicilios; es decir, detención domiciliaria mientras avanza el proceso.
Los afectados con la medida son Everardo Ochoa pareja, Fabio Alberto Gómez Villegas, exsecretario de Planeación y Carlos Tulio Llano Díaz, representante legal de la Fundación El Coclí, a quienes la fiscalía les había imputado los delitos de falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, violación de datos personales, falsedad en documento privado, fraude procesal y uso de documento falso.
Analizó
La juez del caso argumentó su decisión diciendo que en efecto podría haber presunta participación de los procesados en conductas punibles y las evidencias presentadas revelan que el contratista con su fundación Coclí, incurrió en irregularidades al presentar documentos, hojas de vida no autorizadas para superar los requisitos exigidos para obtener el contrato objeto de la investigación.
También indicó que se está ante un caso gravísimo, teniendo en cuenta que se trata de recursos públicos que pudieron haber sido utilizados para el bien personal y no para el de toda la comunidad, como debería ser su fin.
El caso
Recordemos que el ex alcalde Ochoa y las demás personas fueron detenidas por presuntos hechos de corrupción en tres contratos para la construcción de placas huella en siete veredas de Santuario, celebrado en octubre del 2017.
Los hallazgos de la fiscalía indican que al parecer Llano Díaz entregó cuatro estudios falsos, con los cuales la Alcaldía de Santuario sustentó el proyecto de creación de 940 metros de vías terciarias tipo placas huellas en siete veredas.
En el siguiente contrato de realización de obra, por más de mil millones de pesos, quien ganó la licitación fue una unión temporal que entregó un supuesto aval de seis ingenieros y profesionales que jamás autorizaron uso de sus hojas de vida, junto a cartas de compromiso supuestamente firmadas por ellos.
El comité evaluador, al que pertenecía el secretario de Gobierno Pablo Nelson Ossa Hernández y el nuevo secretario de Planeación, Yeison Andrés Ríos Ríos ya que Fabio Alberto renunció luego de dejar las bases del proyecto, debía revisar los contratos en los cuales era evidente que no se cumplía con los requisitos; finalmente el último contrato fue el de interventoría, que en otras palabras es el de seguimiento a la obra para ver que cumpla con todo lo prometido.
Incumplieron
Según el fiscal todo el proyecto fue hecho con sobrecostos, ya que el precio para el 2018 y 2019 de un kilómetro de placas huellas (1000 metros) por 6 metros de ancho era aproximadamente de 1400 millones de pesos, pero las que se construyeron apenas superaban los 3 metros de ancho y de los 940 solo entregaron 212 metros, o sea solo el 22% en la vereda Tamboral II.
La cifra
21 millones 800 mil pesos fue el valor del contrato de consultoría
1.112 millones 517 mil 646 pesos fue el valor del contrato de obra
92 millones 861 mil 570 pesos fue el valor del contrato de interventoría
Dato
Las veredas donde se iban a realizar las placas huellas eran Hoyo Grande, La Bamba, Peñas Blancas, La Linda I y II, Tamboral I y II.
Dato
El 12 de octubre se realizaron las cuatro capturas por parte de la Dijín y del CTI, en Guática, Valle del Cauca, Santuario y Pereira.
Tuvo la jurista el suficiente tiempo para estudiar los argumentos presentados por la Fiscalía 20 seccional de la administración pública, en contra de estas persona, señaladas de haber incurrido en delitos contra el patrimonio económico del municipio y resolvió en primera instancia dictarles medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus domicilios; es decir, detención domiciliaria mientras avanza el proceso.
Los afectados con la medida son Everardo Ochoa pareja, Fabio Alberto Gómez Villegas, exsecretario de Planeación y Carlos Tulio Llano Díaz, representante legal de la Fundación El Coclí, a quienes la fiscalía les había imputado los delitos de falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, violación de datos personales, falsedad en documento privado, fraude procesal y uso de documento falso.
Analizó
La juez del caso argumentó su decisión diciendo que en efecto podría haber presunta participación de los procesados en conductas punibles y las evidencias presentadas revelan que el contratista con su fundación Coclí, incurrió en irregularidades al presentar documentos, hojas de vida no autorizadas para superar los requisitos exigidos para obtener el contrato objeto de la investigación.
También indicó que se está ante un caso gravísimo, teniendo en cuenta que se trata de recursos públicos que pudieron haber sido utilizados para el bien personal y no para el de toda la comunidad, como debería ser su fin.
El caso
Recordemos que el ex alcalde Ochoa y las demás personas fueron detenidas por presuntos hechos de corrupción en tres contratos para la construcción de placas huella en siete veredas de Santuario, celebrado en octubre del 2017.
Los hallazgos de la fiscalía indican que al parecer Llano Díaz entregó cuatro estudios falsos, con los cuales la Alcaldía de Santuario sustentó el proyecto de creación de 940 metros de vías terciarias tipo placas huellas en siete veredas.
En el siguiente contrato de realización de obra, por más de mil millones de pesos, quien ganó la licitación fue una unión temporal que entregó un supuesto aval de seis ingenieros y profesionales que jamás autorizaron uso de sus hojas de vida, junto a cartas de compromiso supuestamente firmadas por ellos.
El comité evaluador, al que pertenecía el secretario de Gobierno Pablo Nelson Ossa Hernández y el nuevo secretario de Planeación, Yeison Andrés Ríos Ríos ya que Fabio Alberto renunció luego de dejar las bases del proyecto, debía revisar los contratos en los cuales era evidente que no se cumplía con los requisitos; finalmente el último contrato fue el de interventoría, que en otras palabras es el de seguimiento a la obra para ver que cumpla con todo lo prometido.
Incumplieron
Según el fiscal todo el proyecto fue hecho con sobrecostos, ya que el precio para el 2018 y 2019 de un kilómetro de placas huellas (1000 metros) por 6 metros de ancho era aproximadamente de 1400 millones de pesos, pero las que se construyeron apenas superaban los 3 metros de ancho y de los 940 solo entregaron 212 metros, o sea solo el 22% en la vereda Tamboral II.
La cifra
21 millones 800 mil pesos fue el valor del contrato de consultoría
1.112 millones 517 mil 646 pesos fue el valor del contrato de obra
92 millones 861 mil 570 pesos fue el valor del contrato de interventoría
Dato
Las veredas donde se iban a realizar las placas huellas eran Hoyo Grande, La Bamba, Peñas Blancas, La Linda I y II, Tamboral I y II.
Dato
El 12 de octubre se realizaron las cuatro capturas por parte de la Dijín y del CTI, en Guática, Valle del Cauca, Santuario y Pereira.
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