Situación indigna para ambos lados
Liliana Cardona Marín
La situación que evidenció la Defensoría Regional del Pueblo en cabeza de Fustel Manyoma sobre las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Estación de Policía de Santa Rosa de Cabal, fue el tema que volvió a encender la polémica sobre el papel del Inpec y la omisión del Ministerio de Justicia, también sobre el silencio de congresistas, diputados y concejales que no hacen los debidos llamados controles, porque atenta contra la dignidad de los indiciados y contra los servidores, a quienes les descargaron obligaciones diferentes a las funciones que deben cumplir.
En la visita humanitaria que realizaron los funcionarios de la Regional, encontraron varios casos de privados de la libertad con enfermedades causadas incluso por la falta de espacio, de aseo y desinfección en las instalaciones, de lo que se considera un punto de detención transitoria, que a todas luces dejó de serlo.
Además, se hizo la petición para que se haga una jornada médica, porque la Defensoría recibió quejas por la insuficiencia de baterías sanitarias y la demora en la realización de las audiencias judiciales.
Dada esta circunstancia, se consultó al secretario de Gobierno de Santa Rosa de Cabal, Darío Reina, quien respondió: “Estuve reunido con el señor Defensor del Pueblo, el sábado estaremos haciendo la intervención en la Estación de Policía. Esta semana se les realizó chequeo médico a ocho personas que presentaron un brote, tenemos el proceso para la fumigación y consiguiendo las colchonetas, porque se deben cambiar después de ese procedimiento”.
El tema de la alimentación de estas personas es otro punto con bastantes aristas: “Muchos de ellos los asumen algunos policías, porque el Inpec ni las autoridades territoriales asumen ese rol”, concluye el coronel Venegas. Es de no creer que un agente deba responsabilizarse de la comida de otro u otros seres humanos, porque el aparato judicial del Estado simplemente fracasó.
Los policías de cada municipio están respondiendo por la custodia de estos ppl y cada mes sagradamente pasan solicitudes de traslado a las alcaldías, concejos municipales, personerías, Defensoría del Pueblo, al propio Inpec, para que se hagan las gestiones y se lleven a estas personas a los sitios en los que deben permanecer según la situación judicial.
“En aras de garantizar el bienestar, los derechos humanos o las condiciones mínimas de estas personas mientras están en la estación, nosotros solicitamos a la alcaldía municipal dotación de elementos de bioseguridad, nos mandan elementos de aseo y cada mes solicito al hospital una revisión del estado de salud, toma de presión arterial, peso y a algunos de ellos el sábado pasado les recetaron medicamentos”.
El capitán también contó que en Belén de Umbría se hacen muchos operativos, muchas capturas, y que en el municipio donde se hace la captura deben quedar las personas, que son una cantidad de situaciones que día a día deben resolver de la mejor manera. “El Inpec nos dice que solo nos recibe condenados, que no tienen espacio, que el tema del Covid, que por eso nada de sindicados y esa precisamente es nuestra gran población”, puntualizó el capitán Ortega.
El coronel Simón Cornejo comandante de Policía Risaralda expuso otros detalles que también son muy delicados en esta compleja situación: “Cuando tenemos personas por delitos como homicidio, secuestro, concierto para delinquir son de un perfil criminal muy alto para estar en ese tipo de instalaciones o por un delito de abuso sexual, siempre tenemos problemas con esta población, porque son extorsionados, agredidos o amenazados al interior de las celdas. En la custodia puedo tener 20 uniformados, quienes pueden ser toda la estación de policía”.
La situación que evidenció la Defensoría Regional del Pueblo en cabeza de Fustel Manyoma sobre las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Estación de Policía de Santa Rosa de Cabal, fue el tema que volvió a encender la polémica sobre el papel del Inpec y la omisión del Ministerio de Justicia, también sobre el silencio de congresistas, diputados y concejales que no hacen los debidos llamados controles, porque atenta contra la dignidad de los indiciados y contra los servidores, a quienes les descargaron obligaciones diferentes a las funciones que deben cumplir.
El caso de Santa Rosa
La Defensoría pidió a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal que garantizara los servicios médicos a los 50 detenidos en el Comando de Policía, quienes obviamente se encuentran hacinados.En la visita humanitaria que realizaron los funcionarios de la Regional, encontraron varios casos de privados de la libertad con enfermedades causadas incluso por la falta de espacio, de aseo y desinfección en las instalaciones, de lo que se considera un punto de detención transitoria, que a todas luces dejó de serlo.
Además, se hizo la petición para que se haga una jornada médica, porque la Defensoría recibió quejas por la insuficiencia de baterías sanitarias y la demora en la realización de las audiencias judiciales.
Dada esta circunstancia, se consultó al secretario de Gobierno de Santa Rosa de Cabal, Darío Reina, quien respondió: “Estuve reunido con el señor Defensor del Pueblo, el sábado estaremos haciendo la intervención en la Estación de Policía. Esta semana se les realizó chequeo médico a ocho personas que presentaron un brote, tenemos el proceso para la fumigación y consiguiendo las colchonetas, porque se deben cambiar después de ese procedimiento”.
La situación en el Área Metropolitana
El tema se consultó también para las estaciones de Dosquebradas, Pereira y La Virginia. El teniente coronel Álex Venegas, expresó que “Tenemos a 114 personas, entre ellas hay una mujer, 12 condenados, para un total de hacinamiento de 1.642%”. Ante la pregunta de por qué tienen condenados, el coronel contestó “Buena pregunta, ese es el detonante. Ellos dilatan, sacan resoluciones, pura burocracia”.El tema de la alimentación de estas personas es otro punto con bastantes aristas: “Muchos de ellos los asumen algunos policías, porque el Inpec ni las autoridades territoriales asumen ese rol”, concluye el coronel Venegas. Es de no creer que un agente deba responsabilizarse de la comida de otro u otros seres humanos, porque el aparato judicial del Estado simplemente fracasó.
En Belén de Umbría tampoco escampa
El capitán César Ortega expuso, lo que se vive a escala sobre el tema en este municipio: “Aquí estamos súper hacinados, tengo 13, les toca mantener casi de pie, porque la capacidad es para 6 personas. En las carceletas que deben ser transitorias tenemos sindicados y hasta condenados”.Los policías de cada municipio están respondiendo por la custodia de estos ppl y cada mes sagradamente pasan solicitudes de traslado a las alcaldías, concejos municipales, personerías, Defensoría del Pueblo, al propio Inpec, para que se hagan las gestiones y se lleven a estas personas a los sitios en los que deben permanecer según la situación judicial.
“En aras de garantizar el bienestar, los derechos humanos o las condiciones mínimas de estas personas mientras están en la estación, nosotros solicitamos a la alcaldía municipal dotación de elementos de bioseguridad, nos mandan elementos de aseo y cada mes solicito al hospital una revisión del estado de salud, toma de presión arterial, peso y a algunos de ellos el sábado pasado les recetaron medicamentos”.
El capitán también contó que en Belén de Umbría se hacen muchos operativos, muchas capturas, y que en el municipio donde se hace la captura deben quedar las personas, que son una cantidad de situaciones que día a día deben resolver de la mejor manera. “El Inpec nos dice que solo nos recibe condenados, que no tienen espacio, que el tema del Covid, que por eso nada de sindicados y esa precisamente es nuestra gran población”, puntualizó el capitán Ortega.
No hay comentarios