Socio del Chapo Guzmán en Colombia será juzgado en Pereira

 

Un nuevo capítulo se abre en el caso del caballista Néstor Alonso Tarazona Enciso, el abogado defensor del acusado presentó un alegato indicando que la juez especializada de Pereira no tenía competencia para conocer el caso. Según lo habría indicado el abogado Hernando Nates Mosquera no hay ninguna operación que genere vínculo con el procesado Tarazona y Pereira. 

La competencia

En agosto de 2021, funcionarios de la Policía Nacional y Fiscalía capturado en un retén realizado por las autoridades, lo buscaban como un persona vinculada a una investigación por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. 

La indagación da cuenta que Tarazona habría usado dos empresas agropecuarias de Pereira y Neiva para mover y blanquear dineros provenientes del tráfico de drogas del Cartel de Sinaloa cuyo jefe es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, más conocido en el mundo delictivo como  El Chapo Guzmán. 

La defensa indicó que dado que las empresas habían sido creadas en Bogotá, debía ser un juzgado especializado de la capital que asumiera el caso. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado a través de un oficio le pidió a la Sala de Casación de la Corte Suprema definir la solicitud del abogado sobre la competencia. 

Finalmente la Corte Suprema de Justicia aseveró que el juicio contra Néstor Tarazona debía realizarse en Pereira donde se había formulado la acusación por parte del fiscal. 

DATO

A Tarazona le figuran registros de captura en Estados Unidos en 1989, 1990 y 2012, las tres detenciones fueron por cargos relacionados con narcotráfico, según las autoridades. 

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La investigación

La indagación adelantada por las autoridades incluyó análisis contables y financieros donde habría quedado en evidencia que se ocultó la situación económica de las empresas ante la DIAN. Los hechos se habrían registrado entre los años 1995 y 2012, donde se habrían lavado más de 2.500 millones de pesos. A Néstor Tarazona la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.