El 13 de enero de 2008, unidades del Batallón de Infantería Antonio Ricaurte de la Quinta Brigada del Ejército, informaron que habían sido d...
El 13 de enero de 2008, unidades del Batallón de Infantería Antonio Ricaurte de la Quinta Brigada del Ejército, informaron que habían sido dados de baja dos hombres durante un combate. Las familias de las dos personas que murieron, demandaron a la nación en un proceso por falsos positivos.
Las víctimas
Álvaro Hernán Díaz, era un joven de 21 años, residía en La Virginia (Risaralda), trabajaba en construcción y con las ganancias le daba el sustento a su esposa e hija. A Álvaro no le conocían que tuviera problemas de ningún tipo, era considerado por sus amigos y familiares como un hombre correcto y una buena persona.
Al igual que Álvaro, Julián Andrés Arroyave Utima era un habitante del Puerto Dulce, vivía en una casa junto a su pareja sentimental y su hijo. Laboraba en diferentes sectores con lo cual ayudaba en su casa y le colaboraba a su mamá con la manutención.
El 25 de enero, las familias recibieron una llamada del Ejército donde les indicaron que Álvaro y Julián habían sido dados de baja durante un enfrentamiento, que ellos pertenecían al Frente 50 de las Farc.
El inicio del proceso
De la mano del abogado Javier Villegas, las familias iniciaron una batalla legal para que sus seres queridos fueran reconocidos como víctimas de los falsos positivos. El fallo del Tribunal Administrativo de Santander indica que a los dos jóvenes les dieron muerte en estado de indefensión, que los hicieron pasar como delincuentes y que al momento del deceso no tenían armas.
Uno de los hombres involucrados en los falsos positivos fue Luis Nolberto Serna, que indicó en un interrogatorio que él había entregado a los dos jóvenes a tropas del Ejército Nacional para que fueran presentados como positivos de los combates. El fallo favoreció a las familias de las víctimas en primera instancia.
DATO
Por las muertes de Álvaro y Julián fue condenada la Nación, el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa quienes deberán pagar por daño moral, el fallo indica que serían cerca de 1.100 salarios mínimos legales vigentes.
El operativo
En el municipio de Sabana de Torres en Santander, a las 4:30 de la mañana de ese día se reportó un enfrentamiento que duró entre 3 y 8 minutos. El Ejército Nacional indicó que en la vereda La Flecha habían reportado presencia de grupos armados ilegales. El reporte militar indicaba que se había registrado el lugar y se encontrado dos cadáveres de sexo masculino y que tenían en su poder un fusil y una pistola con silenciador.
DATO
A los dos jóvenes les ofrecieron trabajo en una finca en Medellín, pero allí nunca llegaron. Las familias perdieron toda comunicación con ellos y días después les reportaron las muertes.
Las víctimas
Álvaro Hernán Díaz, era un joven de 21 años, residía en La Virginia (Risaralda), trabajaba en construcción y con las ganancias le daba el sustento a su esposa e hija. A Álvaro no le conocían que tuviera problemas de ningún tipo, era considerado por sus amigos y familiares como un hombre correcto y una buena persona.
Al igual que Álvaro, Julián Andrés Arroyave Utima era un habitante del Puerto Dulce, vivía en una casa junto a su pareja sentimental y su hijo. Laboraba en diferentes sectores con lo cual ayudaba en su casa y le colaboraba a su mamá con la manutención.
El 25 de enero, las familias recibieron una llamada del Ejército donde les indicaron que Álvaro y Julián habían sido dados de baja durante un enfrentamiento, que ellos pertenecían al Frente 50 de las Farc.
El inicio del proceso
De la mano del abogado Javier Villegas, las familias iniciaron una batalla legal para que sus seres queridos fueran reconocidos como víctimas de los falsos positivos. El fallo del Tribunal Administrativo de Santander indica que a los dos jóvenes les dieron muerte en estado de indefensión, que los hicieron pasar como delincuentes y que al momento del deceso no tenían armas.
Uno de los hombres involucrados en los falsos positivos fue Luis Nolberto Serna, que indicó en un interrogatorio que él había entregado a los dos jóvenes a tropas del Ejército Nacional para que fueran presentados como positivos de los combates. El fallo favoreció a las familias de las víctimas en primera instancia.
DATO
Por las muertes de Álvaro y Julián fue condenada la Nación, el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa quienes deberán pagar por daño moral, el fallo indica que serían cerca de 1.100 salarios mínimos legales vigentes.
El operativo
En el municipio de Sabana de Torres en Santander, a las 4:30 de la mañana de ese día se reportó un enfrentamiento que duró entre 3 y 8 minutos. El Ejército Nacional indicó que en la vereda La Flecha habían reportado presencia de grupos armados ilegales. El reporte militar indicaba que se había registrado el lugar y se encontrado dos cadáveres de sexo masculino y que tenían en su poder un fusil y una pistola con silenciador.
DATO
A los dos jóvenes les ofrecieron trabajo en una finca en Medellín, pero allí nunca llegaron. Las familias perdieron toda comunicación con ellos y días después les reportaron las muertes.
.jpg)
COMENTARIOS