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En la Armada pagaron el doble por cada tapabocas

Fueron pocas las regiones del país que se salvaron de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría a los contratos realizados para la atención de la emergencia por el Covid-19. Uno de los organismos objeto de este seguimiento fue la Armada Nacional, que en repetidas ocasiones fue nombrada en medios de comunicación porque sus comandantes no querían entregar los detalles de los contratos, aduciendo que se trataba de información reservada.



Pues bien, finalmente los organismos de control tuvieron acceso a los contratos y encontraron que hubo presuntos sobrecostos en la compra de los tapabocas.

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones, al encontrar presuntos sobrecostos en la ejecución del Contrato No. 0047-ARC-CBN6-2020, suscrito entre la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá y Medivalle SF SAS el 7 de abril de 2020.

Este contrato se suscribió inicialmente por un valor de $2.361 millones, que fue modificado luego para quedar en un valor final de $1.984 millones. El ajuste se hizo atendiendo lo dispuesto en Decreto Legislativo del Gobierno Nacional que exoneró del impuesto sobre las ventas (IVA) entre otros productos a los tapabocas convencionales.

El contrato fue por la adquisición de 26.454 cajas de 50 unidades de tapabocas convencionales (en total 1.322.700) por un valor de $1.984 millones, el precio final de cada tapaboca quedó establecido en $1.500.

La Contraloría contrastó los valores del contrato acordado entre la Armada Nacional y Medivalle SF SAS con otro contrato de similares condiciones suscrito entre la Policía Nacional - Dirección de Tránsito y Transporte, y Sersugen SAS, en el cual se evidenció que, cada unidad de tapabocas convencional fue adquirido por precio de $750, exactamente la mitad de lo que pagó la Armada, de lo cual se concluyó la existencia de un presunto sobrecosto del 100%.

Esta comparación se sustentó en que, en ambos casos, el objeto contractual es el mismo y los elementos de protección personal adquiridos son de similares condiciones técnicas.

Ante los hechos descritos, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR procedió a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal, vinculando al mismo a quienes, en virtud de la gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial.

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