Nada de ayuda para los campesinos
De nuevo los más poderosos son los beneficiados con los decretos y programa de alivio emitidos por el Gobierno Nacional. Esta vez, los pequeños productores de alimentos (campesinos) son los perjudicados, toda vez que los créditos de Finagro se fueron para las grandes agroindustrias y comercializadoras.
Según la Contraloría General de la República “cerca del 90 por ciento de los recursos de crédito destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia, se están concentrando en manos de beneficiarios que los están utilizando en actividades no productivas”.
El análisis de la delegada para el sector agropecuario indica que los créditos de Finagro son de $6,1 billones, de los cuales $4,8 billones (el 78%) han sido para los grandes beneficiarios, los medianos productores han recibido $710 mil millones (12%), mientras que los pequeños, incluidos en esta franja aquellos cuyos activos no superan los 280 salarios mínimos, han recibido $630.000 millones (10%), suma considerada pequeña dentro de ese universo.
“A la fecha la línea no les está llegando a los productores agropecuarios, sino a grandes agroindustriales, comercializadores y prestadores de servicios”; explican los investigadores de la CGR. De acuerdo con la normatividad de emergencia, esta línea de crédito debería estar focalizada en actividades de producción de alimentos o en factores que impacten o protejan el empleo, agregó la Contraloría.
El análisis de la delegada para el sector agropecuario indica que los créditos de Finagro son de $6,1 billones, de los cuales $4,8 billones (el 78%) han sido para los grandes beneficiarios, los medianos productores han recibido $710 mil millones (12%), mientras que los pequeños, incluidos en esta franja aquellos cuyos activos no superan los 280 salarios mínimos, han recibido $630.000 millones (10%), suma considerada pequeña dentro de ese universo.
“A la fecha la línea no les está llegando a los productores agropecuarios, sino a grandes agroindustriales, comercializadores y prestadores de servicios”; explican los investigadores de la CGR. De acuerdo con la normatividad de emergencia, esta línea de crédito debería estar focalizada en actividades de producción de alimentos o en factores que impacten o protejan el empleo, agregó la Contraloría.
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