Ante el juzgado 14 Penal Municipal de garantías de Pereira, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura de los tres sujetos sosp...
Ante el juzgado 14 Penal Municipal de garantías de Pereira, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura de los tres sujetos sospechosos del atentado contra Willington Ortiz Largo y el policía Álvaro Alberto Peláez Ortega, ocurrido en la calle 38 entre carreras 5B y 6 de Pereira; recordemos que el primero murió.
La captura
En la diligencia, el fiscal del caso entregó más detalles del caso y la investigación. Dijo que todo se remonta a la madrugada del día martes 25 de febrero cuando un grupo de policías patrullaban en motocicletas por la carrera 7 con calle 38 de Pereira. Siendo aproximadamente las 3:45 a.m., los agentes escucharon varias detonaciones provenientes de la parte baja de la calle 38. De inmediato, se dirigieron hacia el origen de los disparos y observaron a tres individuos que corrían para subir a un vehículo Chevrolet Spark de color blanco, placas CACAB 938. Al notar la presencia policial, el conductor del vehículo desobedeció la orden de detenerse y emprendió la huida.
La persecución se prolongó por varias cuadras. Los agentes que permanecieron en la escena de los disparos reportaron vía radio la presencia de un cadáver y un herido de gravedad. La víctima fatal fue identificada como Willington Ortiz Largo, quien se encontraba dentro de un vehículo Mazda verde con múltiples heridas de bala en el pecho y el torso. Junto a él estaba Álvaro Alberto Peláez Ortega, quien había recibido seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. La información preliminar indicó que ambos sujetos habían sido atacados a corta distancia.
Mientras tanto, la persecución del Chevrolet Spark blanco se extendió hasta la Avenida del Río con calle 16, donde finalmente fue interceptado y bloqueado por los uniformados. Los tres ocupantes descendieron del vehículo y fueron sometidos a un registro personal, en el cual se encontraron elementos de interés para la investigación.
Pillados
Juan Diego Ramírez Barco, quien iba al volante, llevaba consigo tres celulares de diferentes marcas. John Alejandro Ortegón Vidal tenía en su poder un proveedor de pistola con 16 cartuchos calibre 9 mm sin percutir, así como un teléfono móvil. Por su parte, Jorge Alexis González Gutiérrez portaba dos teléfonos celulares en los bolsillos de su pantalón.
Al inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron dos armas de fuego tipo pistola Glock, calibre 9 mm. Una de ellas estaba en el asiento trasero derecho, donde viajaba John Alejandro Ortegón Vidal, y tenía un proveedor con capacidad para 14 cartuchos y un cartucho en la recámara. La segunda arma fue hallada en el piso del lado izquierdo, en la zona donde estaba Jorge Alexis González Gutiérrez, con un proveedor para 16 cartuchos y 11 proyectiles. Según el informe preliminar, ambas pistolas eran de funcionamiento automático y, tras la verificación en el Centro Nacional de Información de Armas de Fuego, se determinó que ninguno de los capturados contaba con permiso para su porte.
Argumentos
La Fiscalía presentó el caso ante el juez de control de garantías y argumentó que los capturados fueron sorprendidos en flagrancia, ya que fueron detenidos inmediatamente después de los hechos y con elementos incriminatorios en su poder. Además, los agentes que participaron en el procedimiento presenciaron la huida del vehículo y lograron interceptarlo en cuestión de minutos. Con base en esto, el fiscal solicitó la legalización de la captura y la legalidad de la incautación del vehículo y de las armas.
La defensa
En su intervención, la defensa no presentó oposición a la solicitud de la Fiscalía, reconoció que sus representados fueron detenidos en el marco de una persecución inmediata y que el procedimiento se llevó a cabo sin vulnerar sus derechos fundamentales. También resaltó que los capturados no fueron golpeados ni maltratados y que se cumplieron los términos legales para su presentación ante un juez.
El juez analizó los argumentos de la Fiscalía y la defensa, concluyendo que se cumplían los requisitos legales para la captura en flagrancia. En su decisión, determinó que la detención se dio dentro de las 36 horas posteriores a la aprehensión, asimismo, estableció que las armas incautadas eran de uso privativo de las Fuerzas Armadas, lo que agravaba el delito de porte ilegal de armas de fuego.
Decisión final
El juez resolvió declarar la legalidad de la captura de Juan Diego Ramírez Barco, John Alejandro Ortegón Vidal y Jorge Alexis González Gutiérrez, así como la legalidad de la incautación del vehículo Chevrolet Spark blanco. También determinó que las armas decomisadas debían ser entregadas a la armería del Ejército Nacional, mientras que los celulares serían analizados como parte de la investigación.
Debido a esto, solicitó la reprogramación de la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento para el 27 de febrero a las 9:00 a.m .La defensa no se opuso a esta solicitud, ya que consideró que la negociación podría beneficiar a los procesados.Mientras tanto, los capturados permanecerán bajo custodia de la Policía Nacional, en espera de la audiencia donde se determinarán las medidas cautelares en su contra.
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