Ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de garantías de Pereira, se llevó a cabo la audiencia de imposición de medida de aseguramiento cont...
Ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de garantías de Pereira, se llevó a cabo la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra cinco personas, señaladas de los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir, secuestro simple, falsificación de documento público y tráfico de fauna silvestre. Los acusados son Marta Lucía Salazar Galiano, Carlos Augusto Moncada Vallejo, Richard Steven Calvo Salazar y Eric Joan Calvo Salazar.
Los hechos
El caso se remonta al 29 de julio de 2024, cuando la Fiscalía recibió una denuncia sobre presuntas amenazas y coacción económica en contra de la víctima, quien alegó que fue retenido en una vivienda del barrio Las Palmas de Pereira, durante varias horas y presionada para entregar bienes a los acusados. La investigación reveló que las supuestas víctimas habrían sido obligadas a entregar un lote y una vivienda en Pereira, además de dinero en efectivo.
La captura
Tras recopilar pruebas, el 10 de febrero de 2025 la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía llevaron a cabo operativos simultáneos en Pereira y Armenia, donde se logró la captura de los presuntos responsables. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron documentos que podrían reforzar la investigación.
Destacado
La mañana del 11 de febrero, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía presentó elementos como denuncias, entrevistas y documentos que evidenciaron el esquema de presión económica y las amenazas ejercidas por los procesados, los cuatro capturados no aceptaron cargos.
Por su parte, la defensa argumentó que las transferencias económicas y la entrega de bienes fueron acuerdos voluntarios y no actos coercitivos afirmó que los préstamos realizados en Ecuador y Colombia eran acuerdos comerciales y no extorsiones.
Por otra parte, indicó el defensor que los involucrados entregaron bienes y dinero de forma voluntaria para cubrir deudas, Se presentaron testimonios y evidencias (fotografías, audios y videos) en los que la supuesta víctima aparece compartiendo de manera cordial con los imputados.
Decisión del juez
Tras evaluar las pruebas, el juez determinó que existían elementos suficientes para imponer medida de aseguramiento intramural a los procesados mientras avanza el juicio. La defensa apeló la decisión, insistiendo en la falta de pruebas que acrediten la coacción. Se espera la decisión del juez para el día miércoles 12 de febrero.
El caso se remonta al 29 de julio de 2024, cuando la Fiscalía recibió una denuncia sobre presuntas amenazas y coacción económica en contra de la víctima, quien alegó que fue retenido en una vivienda del barrio Las Palmas de Pereira, durante varias horas y presionada para entregar bienes a los acusados. La investigación reveló que las supuestas víctimas habrían sido obligadas a entregar un lote y una vivienda en Pereira, además de dinero en efectivo.
La captura
Tras recopilar pruebas, el 10 de febrero de 2025 la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía llevaron a cabo operativos simultáneos en Pereira y Armenia, donde se logró la captura de los presuntos responsables. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron documentos que podrían reforzar la investigación.
Destacado
La mañana del 11 de febrero, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía presentó elementos como denuncias, entrevistas y documentos que evidenciaron el esquema de presión económica y las amenazas ejercidas por los procesados, los cuatro capturados no aceptaron cargos.
Por su parte, la defensa argumentó que las transferencias económicas y la entrega de bienes fueron acuerdos voluntarios y no actos coercitivos afirmó que los préstamos realizados en Ecuador y Colombia eran acuerdos comerciales y no extorsiones.
Por otra parte, indicó el defensor que los involucrados entregaron bienes y dinero de forma voluntaria para cubrir deudas, Se presentaron testimonios y evidencias (fotografías, audios y videos) en los que la supuesta víctima aparece compartiendo de manera cordial con los imputados.
Decisión del juez
Tras evaluar las pruebas, el juez determinó que existían elementos suficientes para imponer medida de aseguramiento intramural a los procesados mientras avanza el juicio. La defensa apeló la decisión, insistiendo en la falta de pruebas que acrediten la coacción. Se espera la decisión del juez para el día miércoles 12 de febrero.
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