Ayer en los estrados judiciales se vivió un nuevo capítulo del caso Maya, el exalcalde junto a los cinco implicados en esta investigación fu...
Ayer en los estrados judiciales se vivió un nuevo capítulo del caso Maya, el exalcalde junto a los cinco implicados en esta investigación fueron llevados juntos a audiencia de reformulación de imputación por parte de la Fiscalía 20 seccional de Pereira, en la cual se hicieron nuevas aclaraciones sobre los delitos por los que irán a juicio y a uno de ellos le añadieron la continuidad, lo cual empeora el panorama para ellos.
A cambiar y anexar
La diligencia con el Juzgado Cuarto de Control de Garantías de la capital risaraldense empezó a las 11:00 de la mañana, a la cual asistieron los abogados de los seis investigados, el exalcalde Carlos Alberto Maya, el exsecretario de infraestructura Milton Hurtado García, los representantes legales del consorcio creado para para la construcción de la obra José Gabriel Vargas Carvajal y Carlos Guillermo Suárez Escobar, así como los dos interventores que participaron en el proyecto Carlos Alberto Ballesteros y José Alberto Rojas Prieto.
Antes de entrar en materia hay que recordar que la imputación es la comunicación que hace la fiscalía a los procesados de que son investigados formalmente por unos delitos y si bien en esta ocasión no cambiaron el número, sí la gravedad de algunos. El fiscal al tener a todos durante la misma audiencia aprovechó para hacer aclaraciones, correcciones y adiciones a los eventos o veces por los que deberán responder ante un juez de conocimiento.
Uno por otro
Legalmente el delito que sigue siendo el principal es el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el cual la fiscalía cambió el reglamento por el cual los estaban investigando, ya que cada alcaldía tiene un conjunto de normativas para poder realizar los contratos y la que estaba utilizando era del año 2015, por lo que se actualizó a la del 2022, la cual era la que regía internamente en la administración municipal para ese momento.
Esta modificación no cambia el hecho de que son investigados por cuatro ocasiones en las que presuntamente no se cumplieron las normas, las cuales fueron: el trámite para la licitación pública junto a la celebración del contrato, el aumento de 4 a 6 carriles en la avenida Los Colibríes que necesitaba una nueva licitación, el ceder el contrato de la interventoría que ya estaba vencido y finalmente la adición de 4300 millones de pesos para la creación de nueva obra dentro de ese mismo contrato, que necesitaba al igual que el punto dos, una nueva licitación.
La plata que falta
El último delito al cual el fiscal realizó modificación fue el de peculado por apropiación, que en últimas es de los más importantes ya que es allí donde se les dijo item por item donde faltaba cada peso, con el fin de añadirle el calificativo de ‘modalidad continua’ que les puede dar más años de prisión en caso de ser hallados culpables. El ente acusador explicó que el medio utilizado por estas personas fueron las 17 actas de obra que entregaron conforme avanzaba la construcción; para ello presuntamente duplicaban puntos que ya habían sido pagados al inicio, reportaban un avance en la obra que no era el real y utilizaron la vieja confiable, aumentar los costos de muchos materiales que no se utilizaron y tampoco se entregaron.
Entre los ítems que la fiscalía mencionó que fueron utilizados se destacan el pago de la energía utilizada, los postes y luces que debían instalarse, el inventario forestal, el aprovechamiento forestal, el material por metro cúbico (m3) que fue ejecutado, la cantidad de escombros que fueron retirados de la obra, las excavaciones para los canales, el sardinel prefabricado, la construcción del andén, el mejoramiento de las urnas de afirmado, los ajustes a estudios y diseños, el pago a Case Ingeniería y hasta la misma limpieza.
La cifra
10.881 millones 420 mil 775 pesos con 64 centavos fue lo que la Fiscalía dijo en audiencia que fue desfalcado durante la obra.
Dato
Estas modificaciones no alteran la medida de aseguramiento que tiene la mayoría; así, los que ya están recluidos no saldrán antes de que se resuelva la apelación a la medida de aseguramiento.
Se quedaron así
En lo que concierne a los delitos de obtención de documento público falso, fraude procesal, destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, prevaricato por acción, abuso de autoridad para acto arbitrario o injusto y falsedad ideológica en documento público, no sufren ningún tipo de modificación y solo fueron mencionadas nuevamente por la Fiscalía para que los implicados las tuvieran presentes.
¿Dilatación?
Como ya era de esperarse ninguno de los seis imputados aceptó los cargos y el ex alcalde Maya, al igual que en la primera audiencia de imputación, manifestó no entender por qué lo tenían ahí, ya que en sus palabras no había pruebas de que fue él, cuando la Fiscalía dejó en claro que tiene el material para probar el “acuerdo criminal”, aunque esto solo será mostrado en juicio oral.
A cambiar y anexar
La diligencia con el Juzgado Cuarto de Control de Garantías de la capital risaraldense empezó a las 11:00 de la mañana, a la cual asistieron los abogados de los seis investigados, el exalcalde Carlos Alberto Maya, el exsecretario de infraestructura Milton Hurtado García, los representantes legales del consorcio creado para para la construcción de la obra José Gabriel Vargas Carvajal y Carlos Guillermo Suárez Escobar, así como los dos interventores que participaron en el proyecto Carlos Alberto Ballesteros y José Alberto Rojas Prieto.
Antes de entrar en materia hay que recordar que la imputación es la comunicación que hace la fiscalía a los procesados de que son investigados formalmente por unos delitos y si bien en esta ocasión no cambiaron el número, sí la gravedad de algunos. El fiscal al tener a todos durante la misma audiencia aprovechó para hacer aclaraciones, correcciones y adiciones a los eventos o veces por los que deberán responder ante un juez de conocimiento.
Uno por otro
Legalmente el delito que sigue siendo el principal es el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el cual la fiscalía cambió el reglamento por el cual los estaban investigando, ya que cada alcaldía tiene un conjunto de normativas para poder realizar los contratos y la que estaba utilizando era del año 2015, por lo que se actualizó a la del 2022, la cual era la que regía internamente en la administración municipal para ese momento.
Esta modificación no cambia el hecho de que son investigados por cuatro ocasiones en las que presuntamente no se cumplieron las normas, las cuales fueron: el trámite para la licitación pública junto a la celebración del contrato, el aumento de 4 a 6 carriles en la avenida Los Colibríes que necesitaba una nueva licitación, el ceder el contrato de la interventoría que ya estaba vencido y finalmente la adición de 4300 millones de pesos para la creación de nueva obra dentro de ese mismo contrato, que necesitaba al igual que el punto dos, una nueva licitación.
La plata que falta
El último delito al cual el fiscal realizó modificación fue el de peculado por apropiación, que en últimas es de los más importantes ya que es allí donde se les dijo item por item donde faltaba cada peso, con el fin de añadirle el calificativo de ‘modalidad continua’ que les puede dar más años de prisión en caso de ser hallados culpables. El ente acusador explicó que el medio utilizado por estas personas fueron las 17 actas de obra que entregaron conforme avanzaba la construcción; para ello presuntamente duplicaban puntos que ya habían sido pagados al inicio, reportaban un avance en la obra que no era el real y utilizaron la vieja confiable, aumentar los costos de muchos materiales que no se utilizaron y tampoco se entregaron.
Entre los ítems que la fiscalía mencionó que fueron utilizados se destacan el pago de la energía utilizada, los postes y luces que debían instalarse, el inventario forestal, el aprovechamiento forestal, el material por metro cúbico (m3) que fue ejecutado, la cantidad de escombros que fueron retirados de la obra, las excavaciones para los canales, el sardinel prefabricado, la construcción del andén, el mejoramiento de las urnas de afirmado, los ajustes a estudios y diseños, el pago a Case Ingeniería y hasta la misma limpieza.
La cifra
10.881 millones 420 mil 775 pesos con 64 centavos fue lo que la Fiscalía dijo en audiencia que fue desfalcado durante la obra.
Dato
Estas modificaciones no alteran la medida de aseguramiento que tiene la mayoría; así, los que ya están recluidos no saldrán antes de que se resuelva la apelación a la medida de aseguramiento.
Se quedaron así
En lo que concierne a los delitos de obtención de documento público falso, fraude procesal, destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, prevaricato por acción, abuso de autoridad para acto arbitrario o injusto y falsedad ideológica en documento público, no sufren ningún tipo de modificación y solo fueron mencionadas nuevamente por la Fiscalía para que los implicados las tuvieran presentes.
¿Dilatación?
Como ya era de esperarse ninguno de los seis imputados aceptó los cargos y el ex alcalde Maya, al igual que en la primera audiencia de imputación, manifestó no entender por qué lo tenían ahí, ya que en sus palabras no había pruebas de que fue él, cuando la Fiscalía dejó en claro que tiene el material para probar el “acuerdo criminal”, aunque esto solo será mostrado en juicio oral.
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