Una fortuna les generaba la ilegalidad

La Fiscalía General de la Nación y el Gaula de Risaralda llevaron a cabo en este departamento y en el del Atlántico, un gran operativo para desmantelar una banda delincuencial dedicada al contrabando, entre las cinco personas que fueron detenidas, dos son uniformados de la Policía Nacional que trabajaban para la Dirección Fiscal y Aduanera.



¿Qué pasó?

Un Fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales llevó a cabo una investigación de más de año y medio, lo hizo en conjunto con unidades de inteligencia del Gaula Militar de Risaralda. Con la información obtenida se logró establecer la presunta participación de Tulia Inés Tapia Mulett, Jorge Alberto Gil Ramírez y Jhon Marlon Gil Ramírez; así como el mayor Andrés Felipe Montoya Navarro y el patrullero Harol Gil Ramírez.

Al parecer, todos ellos funcionaban como una cadena en donde los dos servidores públicos, al trabajar en el puerto de Barranquilla lograban que varios contenedores con mercancía entraran al país sin pasar por los controles aduaneros a los que deben ser sometidos para pagar impuestos. Así los productos pasaban a ser contrabando que llegaba al grupo delincuencial organizado Cordillera en Risaralda y a la Oficina de Envigado.

El dinero que estos uniformados obtenían por dejar pasar los contenedores, lo legalizaban por medio de empresas creadas a nombre de las otras tres personas, tanto en Risaralda como en Atlántico y con ello compraron casas, fincas, lotes y automóviles en ambos departamentos que fueron objeto de extinción de dominio durante el operativo.

Fueron detenidos

De los cinco capturados, Tulia Inés, Jorge Alberto, Jhon Marlon y el patrullero Harol fueron detenidos el martes 19 de marzo en el barrio La Pradera de Dosquebradas, mientras que al mismo tiempo la Interpol y la Fiscalía fueron hasta el corregimiento de La Ermita, Ocaña, Norte de Santander, por el mayor Andrés Felipe. Todos fueron presentados el miércoles 20 de marzo ante el Juzgado Primero Municipal Mixto de Dosquebradas, para las audiencias de control de garantías.

El ente acusador les imputó a cada uno y según su participación, los delitos de enriquecimiento ilícito del sector público, lavado de activos y concierto para delinquir con fines de contrabando, finalmente el juez envió a prisión a los dos servidores, mientras que las otras tres personas afrontarán el juicio desde la libertad.


La cifra

$6 mil millones aproximadamente es el monto de los 20 inmuebles y 10 vehículos que les quitaron a estas personas.


La cifra

18 de los 30 bienes están ubicados en Risaralda, específicamente en Dosquebradas, Guática y Santuario.


Mucho contrabando

Según las investigaciones, el mayor y el patrullero de la Policía Fiscal y Aduanera dejaban pasar en promedio 10 contenedores diarios repletos de mercancía por el Puerto de Barranquilla, por cada uno de estos les pagaban entre $20 y $25 millones.


Dato

Las investigaciones de este caso continúan, ya que al parecer también estarían implicados en delitos como extorsión y narcotráfico.