El Juzgado Séptimo de Garantías de Pereira tomó la decisión de dejar en libertad a los 9 policías y dos particulares procesados por el caso ...
El Juzgado Séptimo de Garantías de Pereira tomó la decisión de dejar en libertad a los 9 policías y dos particulares procesados por el caso de fraude en el proceso de chatarrización de 90 buses de Megabús; recordemos que los empresarios aceptaron los cargos, mientras que los uniformados se declararon no responsables.
En cuanto a los funcionarios públicos, la juez argumentó que los delitos que presuntamente cometieron son graves y que estos estaban en pleno conocimiento de sus funciones y merecen un juicio de reproche, pues estos deben actuar conforme a la ley y deben analizar el mensaje que le está dando a la comunidad.
Dijo que los policías activos y pertenecen a las oficinas de automotores de la unidad de investigación criminal Sijín de Medellín habrían expedido documentos públicos falsos, no actuaron de una forma responsable, de acuerdo con la ley a la que ellos están obligados a cumplir; consignaron información que no fue acertada.
En su decisión dijo también que la fiscalía argumentó con evidencias que nunca revisaron los vehículos de servicio público de los cuales 24 ya estaban desintegrados, no existían y omitieron el trasladado de estos.
Fue así como impuso medidas no privativas de la libertad contra los siete policías activos que actualmente ejercen como peritos en automotores, ellos son los intendentes Juan Alejandro Gallego Higuita, Luis Fernando Gómez Dávila, Danny David Sánchez Cárdenas, sargento Neimer Estid Giraldo Ramírez y patrulleros Milton Fernando Durán Torres, Edison Rodríguez Cifuentes y Juan Abelardo Salazar Henao, medida que consiste en presentarse ante la fiscalía en Pereira cada mes, la prohibición de salir del país, pero no acogió la petición de la fiscalía de no asistir a la sala técnica de automotores, la juez dice que esta medida le corresponde tomarla a la Policía Nacional.
De igual forma, la misma decisión para John Fredy Montoya Ortiz, y Mauricio Giraldo Zapata, retirados de la Policía Nacional. Por su parte Belén Zapata Aguirre, gerente de la empresa Logitramites (asesoría y servicio de trámites de tránsito a nivel nacional) con sede en el municipio de Itagüí (Antioquia) y Michel González Medina, quien renunció a la empresa donde labora, quedaron en libertad, a la espera de ser condenados.
En cuanto a los funcionarios públicos, la juez argumentó que los delitos que presuntamente cometieron son graves y que estos estaban en pleno conocimiento de sus funciones y merecen un juicio de reproche, pues estos deben actuar conforme a la ley y deben analizar el mensaje que le está dando a la comunidad.
Dijo que los policías activos y pertenecen a las oficinas de automotores de la unidad de investigación criminal Sijín de Medellín habrían expedido documentos públicos falsos, no actuaron de una forma responsable, de acuerdo con la ley a la que ellos están obligados a cumplir; consignaron información que no fue acertada.
En su decisión dijo también que la fiscalía argumentó con evidencias que nunca revisaron los vehículos de servicio público de los cuales 24 ya estaban desintegrados, no existían y omitieron el trasladado de estos.
Fue así como impuso medidas no privativas de la libertad contra los siete policías activos que actualmente ejercen como peritos en automotores, ellos son los intendentes Juan Alejandro Gallego Higuita, Luis Fernando Gómez Dávila, Danny David Sánchez Cárdenas, sargento Neimer Estid Giraldo Ramírez y patrulleros Milton Fernando Durán Torres, Edison Rodríguez Cifuentes y Juan Abelardo Salazar Henao, medida que consiste en presentarse ante la fiscalía en Pereira cada mes, la prohibición de salir del país, pero no acogió la petición de la fiscalía de no asistir a la sala técnica de automotores, la juez dice que esta medida le corresponde tomarla a la Policía Nacional.
De igual forma, la misma decisión para John Fredy Montoya Ortiz, y Mauricio Giraldo Zapata, retirados de la Policía Nacional. Por su parte Belén Zapata Aguirre, gerente de la empresa Logitramites (asesoría y servicio de trámites de tránsito a nivel nacional) con sede en el municipio de Itagüí (Antioquia) y Michel González Medina, quien renunció a la empresa donde labora, quedaron en libertad, a la espera de ser condenados.
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