Alcalde, funcionarios y contratista no aceptaron cargos
La fiscalía 28 seccional le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales al alcalde de Balboa, a su secretario de Planeación, el jefe de control interno y a la representante legal de la Asociación Líderes Comunitarios Semillas. Según la jurista hubo un detrimento patrimonial en 50 millones 800 mil pesos en la firma del contrato 023 de 2020.
Los procesados no aceptaron los cargos y se definirá si deben permanecer privados de la libertad.
En la audiencia de imputación llevada a cabo en la tarde de ayer, la fiscal del caso indicó que cada uno de los procesados tuvo un grado de participación y fue Diego Franco Barco, jefe de control interno, quien ideó y propició la realización de este contrato fraudulento, por lo cual la imputación para él fue a título de autor.
Mientras que el mandatario Huberto Vásquez Vásquez y Víctor Yesith Sánchez Lozano, secretario de Planeación, serían coautores de ambos delitos y la señora María Isabel Morales Idalgo, quien firmó el contrato, habría sido interviniente.
Dijo que en este caso, el jefe de control interno sin tener competencia para ello, en agosto de 2020 proyectó los estudios previos del contrato con bastantes irregularidades como no justificar el valor, no estudiar a otros oferentes y se encontró que este contrato no era congruente con el plan de desarrollo.
Además no se tuvo en cuenta que la Escuela de Administración Pública Esap, presta este tipo de servicios de manera gratuita a los municipios de sexta categoría.
En la investigación la fiscalía determinó además que Diego Franco allegó la documentación del único oferente y presentó una certificación de experiencia en servicios como el requerido, que resultó ser falsa. Es decir, el funcionario realizó todos los trámites a favor de la Asociación.
El alcalde, según la fiscalía, el 16 de septiembre emitió la resolución que permitía el proceso de selección directa y celebró el contrato sin designar un comité asesor, pese a que la Esap lo hacía gratis y que el oferente no tenía la experiencia en la materia; es decir, omitió el control y la vigilancia que debía hacer y autorizó el pago en un anticipo. En palabras de la fiscal, aprobó un contrato desventajoso para su municipio.
Los investigadores encontraron que la Asociación no ejecutó el contrato, toda vez que el estudio que esta debía hacer, lo realizó un profesional que trabaja por prestación de servicios en la alcaldía.
Durante el tiempo de la ejecución del contrato, un supervisor que trabajaba bajo las órdenes del jefe de control interno le pidió a la Asociación un informe, y al parecer Franco Barco le dijo que firmara el seguimiento sin que este se presentara.
Dijo la fiscal que los tres funcionarios tendrían responsabilidad en el delito de peculado porque con sus actuaciones permitieron que un tercero se apropiara de los recursos públicos mediante un contrato que nunca se ejecutó y el oferente no cumplía con los requisitos legales.
Los procesados no aceptaron los cargos y se definirá si deben permanecer privados de la libertad.
Imputación
En la audiencia de imputación llevada a cabo en la tarde de ayer, la fiscal del caso indicó que cada uno de los procesados tuvo un grado de participación y fue Diego Franco Barco, jefe de control interno, quien ideó y propició la realización de este contrato fraudulento, por lo cual la imputación para él fue a título de autor.
Mientras que el mandatario Huberto Vásquez Vásquez y Víctor Yesith Sánchez Lozano, secretario de Planeación, serían coautores de ambos delitos y la señora María Isabel Morales Idalgo, quien firmó el contrato, habría sido interviniente.
El contrato
Recordemos que el contrato 023 de 2020 firmado el 17 de septiembre entre el municipio de Balboa y la Asociación mencionada, tenía como objeto “prestar los servicios de profesionales para la realización de un estudio técnico de rediseño institucional que soporte la nueva estructura organizacional y la planta de personal de la alcaldía del municipio de Balboa, con base en la guía de rediseño para entidades del orden territorial de la función pública”.Contrato sastre
En la argumentación de la imputación de los cargos, la fiscal manifestó que este es un caso de los llamados contratos sastres, hecho a la medida de la Asociación Líderes Comunitarios Semillas y con este se violaron varios principios de la administración pública como la moralidad, la economía, imparcialidad y responsabilidad.Dijo que en este caso, el jefe de control interno sin tener competencia para ello, en agosto de 2020 proyectó los estudios previos del contrato con bastantes irregularidades como no justificar el valor, no estudiar a otros oferentes y se encontró que este contrato no era congruente con el plan de desarrollo.
Además no se tuvo en cuenta que la Escuela de Administración Pública Esap, presta este tipo de servicios de manera gratuita a los municipios de sexta categoría.
En la investigación la fiscalía determinó además que Diego Franco allegó la documentación del único oferente y presentó una certificación de experiencia en servicios como el requerido, que resultó ser falsa. Es decir, el funcionario realizó todos los trámites a favor de la Asociación.
Dio el aval
Indicó la fiscal que Franco Barco le entregó toda la propuesta al secretario de Planeación Víctor Yesith Sánchez Lozano, quien el 15 de septiembre avaló y presentó los estudios previos sin cumplimiento de los requisitos legales. Este no tuvo en cuenta que la Asociación Líderes Comunitarios Semillas no tenía la capacidad jurídica ni técnica, ni la experiencia para ejecutar el proyecto.Celebró el contrato
El alcalde, según la fiscalía, el 16 de septiembre emitió la resolución que permitía el proceso de selección directa y celebró el contrato sin designar un comité asesor, pese a que la Esap lo hacía gratis y que el oferente no tenía la experiencia en la materia; es decir, omitió el control y la vigilancia que debía hacer y autorizó el pago en un anticipo. En palabras de la fiscal, aprobó un contrato desventajoso para su municipio.
No se ejecutó
Los investigadores encontraron que la Asociación no ejecutó el contrato, toda vez que el estudio que esta debía hacer, lo realizó un profesional que trabaja por prestación de servicios en la alcaldía.
Durante el tiempo de la ejecución del contrato, un supervisor que trabajaba bajo las órdenes del jefe de control interno le pidió a la Asociación un informe, y al parecer Franco Barco le dijo que firmara el seguimiento sin que este se presentara.
Delito
Dijo la fiscal que los tres funcionarios tendrían responsabilidad en el delito de peculado porque con sus actuaciones permitieron que un tercero se apropiara de los recursos públicos mediante un contrato que nunca se ejecutó y el oferente no cumplía con los requisitos legales.
Pena
Los delitos imputados tienen penas que van entre los 96 y 270 meses de prisión, multa e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
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