La orden que debía hacer cumplir la Inspección Primera Municipal de Policía emitida el 8 de marzo de 2022, estaba amparada en la Ley 1523 ...
La orden que debía hacer cumplir la Inspección Primera Municipal de Policía emitida el 8 de marzo de 2022, estaba amparada en la Ley 1523 de 2012, por medio de la cual el Alcalde Carlos Maya apelaba a la Gestión del riesgo de desastres y que por decreto ordenaba la desocupación de inmuebles entre las calles 25 y 27 con Avenida del Río, debido al deslizamiento de la ladera norte del río Otún, que ocurrió el pasado 8 de febrero y que debía hacerse efectiva ayer 25 de marzo a partir de las 8:00 a.m.
Los propietarios y tenedores de los inmuebles fueron avisados del procedimiento, dicen ellos, ocho días antes mediante fotocopias que les pegaron en los portones de las viviendas, porque aseguran que no firmaron ningún documento que los diera por notificados.
A pesar de que un mes después de la tragedia, los alcaldes de Dosquebradas y Pereira hicieran el anuncio de la reubicación de las familias afectadas en ambos lados del río en un lote de terreno en Cerritos, a estas personas ese anuncio no le ofrece mayor garantía y dicen: “Cuando tengamos un documento firmado que nos acredite como propietarios de las casas allá, estaremos tranquilos, antes no, porque discursos bonitos y promesas hace todo el mundo”, expresó Valentina Chavarría, una de las líderes.
Por las razones ya expuestas fue que decidieron a través de las vías de hecho parar la circulación del tránsito automotor por la Avenida, con esto querían que el desalojo no se diera y encontrar una respuesta a esta acción inminente y a otros reclamos como las ya denunciadas trabas con los subsidios de arrendamiento, porque el avalúo que se hizo para tal fue sobre ese sector y deben buscar en otros lugares donde los valores cambian.
La cantidad que finalmente les fue entregada para el pago del primer mes fue por $332.000 y ese valor aseguran es el valor de una habitación, que es imposible para encontrar casas grandes adecuadas al tamaño de sus familias. Les genera también desconfianza pensar que si tenían planeado el Malecón allí, por qué antes de la tragedia no les habían dicho nada del terreno donde los reubicarían.
La comunidad le firmó un poder al abogado Guillermo Piedrahita y este interpuso una medida cautelar. Por su parte desde la Alcaldía de Pereira decidieron tomarse 15 días hábiles para encontrar una solución. Los afectados levantaron el bloqueo en la Avenida a las 11:00 de la mañana, primero porque no querían que el Esmad tuviera que intervenir, segundo, porque dar vía cada media hora era más desgastante para la comunidad y por último porque continuarán en la búsqueda de soluciones.
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