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Investigados en Pereira por presuntos sobrecostos en la compra de mercados

Dos funcionarios de la Alcaldía de Pereira y dos contratistas son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, y Procuraduría General de la Nación, dentro del gran plan denominado ‘Transparencia por la emergencia’ encaminada a frenar los actos de presunta corrupción detectada en diferentes entes territoriales del país, encargados de atender la emergencia por el Covid-19.



En rueda de prensa nacional, el fiscal general Francisco Barbosa Delgado, el contralor Felipe Córdoba y el procurador Fernando Carrillo informaron que, solicitarán medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes, citará a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 alcaldes más y a 3 gobernadores y otras 32 personas serán imputadas por presunta corrupción durante la emergencia.



En Pereira
Los funcionarios investigados son la secretaria privada de la Alcaldía de Pereira, Mónica Patricia Botero Montoya y el director de Gestión del Riesgo de Pereira, Alexander López Galindo, a quienes, según el fiscal Barbosa, se les hará imputación y solicitará medidas de aseguramiento.

Según la investigación, realizada por los tres entes de control, la irregularidad estaría en dos contratos para el suministro de mercados como ayudas humanitarias. Indicaron en el comunicado que “la secretaria privada de la Alcaldía de Pereira profirió dos actos administrativos mediante los cuales designó a los contratistas Emprender S.A., y Bustos y Compañía para suministrar mercados como ayudas humanitarias. Las dos empresas habrían acordado previamente, mediante cotizaciones, el valor de los insumos a entregar”. Esto querría decir, según la Fiscalía, que se habrían generado posibles sobrecostos, que permitieron la apropiación ilícita aproximada de 29 millones pesos y de 67 millones pesos, para cada una de las firmas, respectivamente.

Además de los dos funcionarios públicos, los contratistas Julio César Bustos Villegas y Jhon Jairo Segura Varela serían imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, ellos son los representantes legales de dos importantes supermercados de la ciudad, uno ubicado en Cuba y el otro en la calle 29.


En el país
Los entes de control revisaron contratos celebrados por 3.1 billones de pesos destinados a la atención del Covid-19. De ellos 2.1 billones relacionados con compra de insumos médicos elementos de bioseguridad y alimentos y 1 billón para la contratación de personal para prestación de servicios.

Indicó el contralor Felipe Córdoba que en las investigaciones se evidenciaron presuntos sobrecostos en contratos por valor de $420 mil millones y se generaron 227 alertas que permitieron la cancelación contratos por 3 mil 200 millones.

Indicó el fiscal Barbosa que se trata de un proceso de moralización de la acción pública y no se va a permitir que los recursos públicos se usen de forma indebida en este país.


Dato

Según la Fiscalía General de la Nación verificó 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país.

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