Ni en época de pandemia dejan de robar

El coronavirus no ha sido la única pandemia con la que el país ha tenido que lidiar en los últimos días, pues desde que se decretó el confinamiento en el territorio nacional han salido a la luz denuncias ciudadanas de irregularidades en contrataciones de todo tipo, pero sobre todo en la de entrega de alimentos a las familias más necesitadas en diferentes municipios. En Q’HUBO le mostramos el hecho más reciente que ocurrió en Montería, las investigaciones que adelantan las autoridades y las acciones que se han tomado sobre estos hechos.

CASO EN MONTERÍA
La denuncia más reciente de corrupción de este tipo involucra al concejal de Montería Luis Carlos López, luego de que se publicaran unos chats de WhatsApp en los que se dejaría en evidencia un supuesto acuerdo forzado con el alcalde Carlos Ordosgoitia para la entrega de un contrato de mercados para la atención de la emergencia de la COVID-19 en la capital de Córdoba. En dichos mensajes, el concejal López le explica a un interlocutor desconocido que lo que se busca con dicho contrato es poder recuperar la plata que invirtió en la campaña política. Por lo tanto, no entregarían los mercados estipulados en el contrato, sino que se quedaría con buena parte del dinero. “Hermano, eso uno juega con las cantidades, si nos dan unos 5.000 mercados uno entrega 1.500”, se lee en la conversación. Además, cuando el concejal es cuestionado sobre si no le importa que esa plata es para los pobres que no pueden salir para rebuscarse por el coronavirus, este responde que “el pobre está acostumbrado a aguantar hambre y por un mes no se van a morir”. Ante estos hechos, el cabildante dijo que todo era un montaje y que se habían inventado una conversación de WhatsApp con un chat que tenía su foto y su número de celular.


Investigaciones de la Fiscalía
Según el fiscal Francisco Barbosa, en el trabajo investigativo que se ha adelantado desde esa entidad hay múltiples casos en los que gobernadores, alcaldes y secretarios se han aprovechado de la pandemia provocada por la COVID-19 para apropiarse de recursos del Estado, bajo la apariencia de actuar motivados en brindar suministros a la población más vulnerable y afectada. Advierte, además, que lastimosamente el común denominador que se ha encontrado son los sobrecostos en elementos de protección, alimentos y contratos innecesarios, que es del 63%.


Otras sanciones aplicadas
Ante las acciones que ha adelantado la Procuraduría General de la Nación para evitar que se presenten más casos de irregularidades en contratos, la entidad de control tomó la decisión de suspender al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, de manera preventivaypor tres meses, por supuestas faltas disciplinarias cometidas en contratos suscritos en medio de la emergencia decretada por la pandemia del coronavirus.

Además, el gobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, también fue notificado de la investigación y medida cautelar que le impusieron la Contraloría, la Procuraduría y Fiscalía por irregularidades en la firma de contratos para adquirir mercados y otras ayudas para la población más vulnerable del departamento.

Cabe resaltar que en el paquete de gobernadores indagados por la Fiscalía, también están el de Magdalena, Carlos Caicedo; el de Vichada, Álvaro León y el de San Andrés, Everth Hawkins.


OPINIÓN DE UN ANALISTA DE LEYES
Para el analista de leyes, Andrés Gallardo, esa son acciones que deben adelantar los entes de control para investigar el mal manejo que se les está dando a los recursos del país por estos días cuando más se necesita del apoyo económico en los territorios. “Nunca falta el que se quiere aprovechar de la situación con los recursos del Estado, de modo que la Fiscalía debe emprender acciones y ordenar capturas si es necesario, porque no es posible que los corruptos estén haciendo de las suyas con el dinero destinado a los menos favorecidos”, manifestó el profesional.