Un presunto caso de fotomontaje y falso positivo fue denunciado públicamente por el abogado Juan Sebastián Giraldo Bermúdez , defensor de Al...
Un presunto caso de fotomontaje y falso positivo fue denunciado públicamente por el abogado Juan Sebastián Giraldo Bermúdez , defensor de Alejandro Arévalo Quintero y Juan Pablo Hernández Osorio, quienes fueron presentados por las autoridades policiales como integrantes de la banda delincuencial La Cordillera, dentro de la denominada Operación ‘Bombay’ en el municipio de Dosquebradas.
Según el jurista, la información entregada por la Policía Metropolitana de Pereira no corresponde con la realidad, ya que, asegura, no todos los elementos incautados fueron hallados a su defendido, no se trató de un allanamiento y además, el procedimiento de captura fue declarado ilegal por un juez de control de garantías.
El abogado anunció que iniciará acciones judiciales contra los policías que realizaron el procedimiento y contra sus superiores, por presuntas irregularidades.
Lo que denuncia
El abogado Juan Sebastián Giraldo Bermúdez manifestó a este medio que se enteró a través de redes sociales y medios de comunicación digitales, de que el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, estaba informando públicamente que su cliente, Alejandro Arévalo Quintero, tenía el alias de ‘el Carnicero’ y que pertenecía al grupo delincuencial La Cordillera.
En dichas publicaciones oficiales, la Policía indicó que durante el procedimiento fueron incautadas seis armas de fuego, de las cuales tres serían industriales y tres traumáticas, además de un arma de fabricación artesanal calibre 22 milímetros tipo lapicero y 1.300 dosis de marihuana tipo creepy; según la policía, estos elementos estaban en un taller de reparación de motocicletas, que no solo funcionaba presuntamente como expendio de sustancias estupefacientes, sino que además era utilizado por un componente sicarial vinculado a la organización delincuencial Cordillera para ocultar armas de fuego. Al parecer, algunas de estas armas habrían sido alquiladas para la comisión de hurtos y otros hechos delictivos.Según el abogado, estos señalamientos nunca fueron tratados ni discutidos en audiencia pública.
“Inflaron los hechos”
“La Policía Nacional infló los hechos y le tomó fotografías a mi cliente con unos elementos que nunca le encontraron, como las seis armas de fuego y las mil 300 dosis de marihuana y un arma de fuego tipo lapicero dentro de un procedimiento en el que hubo una serie de irregularidades y precisamente por eso fue declarado ilegal por un juez de control de garantías”, afirmó Bermúdez Giraldo.
El abogado agregó que Alejandro Arévalo fue detenido el viernes 30 de enero en horas de la noche, pero los uniformados le impidieron reunirse con su defendido; él observó cuando era sacado y entrando constantemente de la patrulla, al parecer mientras le grababan videos.
Según el jurista, incluso ubicaron las patrullas de tal forma que no pudiera observar lo que ocurría en el parqueadero de la estación, donde, según él, se estarían realizando los registros fotográficos que posteriormente aparecieron en redes sociales.
“Luego veo notas de prensa donde utilizaron un alias, un remoquete, sabiendo que la profesión de él es carnicero y que trabaja en la tienda del mismo barrio donde vive y lo hacen ver como un supuesto delincuente, el cual no tiene ningún antecedente ni anotación judicial”, aseguró.
Giraldo Bermúdez explicó que “el lugar donde se realizó la captura no es un establecimiento público, es la vivienda donde reside Alejandro, quien en el momento de la captura estaba en el garaje de la casa con un amigo y había dos motos, las cuales estaban arreglando. Ese garaje no tenía las puertas abiertas al público, el procedimiento policial fue arbitrario, es un inmueble privado”. Agregó que los policías que realizaron el procedimiento son uniformados, no policía judicial y no tenían orden de registro y allanamiento, lo que agravaría la situación.
El abogado señaló que se ve obligado a interponer acciones legales ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, no solo contra los policías que realizaron el operativo, sino también contra los superiores que no ejercieron el debido control. Y que para ello aportará las entrevistas, fotos y registros de cámaras de seguridad del sector, entre ello lo que grabó dentro de la estación de policía y su testimonio de que no lo dejaban hablar ni entrevistar con su cobijado.
Lo que sí pasó
Ante la denuncia, este medio de comunicación buscó corroborar lo informado y accedió a la audiencia virtual realizada el 31 de enero por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia donde la fiscalía 36 Uri narró el procedimiento basado en el informe de captura entregado por los agentes encargados.
En la diligencia el fiscal narró que: el viernes 30 de enero a las 7:03 de la noche en la manzana 9 casa 15 del barrio Bombay 3 del municipio de Dosquebradas, en su lugar de residencia fue detenido Alejandro (carnicero), junto a Juan Pablo quien labora como mecánico.
Manifestó que una patrulla de policía que estaba realizando labores de registro y control a establecimientos abiertos al público, llegó al taller de motos donde estaban los hoy investigados laborando, al ingresar, uno de ellos mostró una actitud nerviosa lo que llevó a los uniformados a realizar una verificación visual más exhaustiva y observaron dos armas de fuego sobre el sillín de una motocicleta: un revólver calibre 38 y cinco cartuchos y una pistola calibre 7.65 con un proveedor.
En una caja metálica donde guardan herramientas, observaron otras dos armas de fuego con municiones. Así, procedieron a capturarlos e incautar las armas de fuego que, según la fiscalía, fueron sometidas a verificación. Tres de ellas son aptas para disparar.
La fiscalía dijo que los investigados habían dejado la constancia de que los policías entraron al local encapuchados, los amenazaron con armas y los tiraron al suelo. El fiscal del caso nunca habló de la marihuana incautada, ni de un lapicero pistola.
Ilegal las capturas
El Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia con función de control de garantías manifestó que el fiscal no demostró que el sitio del operativo fuera un establecimiento público. Por el contrario los videos y fotografías aportados por la defensa permiten establecer que el sitio donde se realizó el allanamiento corresponde al garaje de una vivienda. Así mismo dijo el juez que ni el informe policial, ni la exposición de la fiscalía permiten establecer con claridad si los elementos se encontraban en un área visible al público. Así, el juez declaró ilegal la captura de los ciudadanos, por no acreditarse el delito en flagrancia y les otorgó libertad inmediata.
Dato
Q’hubo conoció que el arma en forma de lapicero, que también fue presentada en este operativo, en realidad fue incautada en otro procedimiento realizado en el barrio San Judas.
Según el jurista, la información entregada por la Policía Metropolitana de Pereira no corresponde con la realidad, ya que, asegura, no todos los elementos incautados fueron hallados a su defendido, no se trató de un allanamiento y además, el procedimiento de captura fue declarado ilegal por un juez de control de garantías.
El abogado anunció que iniciará acciones judiciales contra los policías que realizaron el procedimiento y contra sus superiores, por presuntas irregularidades.
Lo que denuncia
El abogado Juan Sebastián Giraldo Bermúdez manifestó a este medio que se enteró a través de redes sociales y medios de comunicación digitales, de que el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, estaba informando públicamente que su cliente, Alejandro Arévalo Quintero, tenía el alias de ‘el Carnicero’ y que pertenecía al grupo delincuencial La Cordillera.
En dichas publicaciones oficiales, la Policía indicó que durante el procedimiento fueron incautadas seis armas de fuego, de las cuales tres serían industriales y tres traumáticas, además de un arma de fabricación artesanal calibre 22 milímetros tipo lapicero y 1.300 dosis de marihuana tipo creepy; según la policía, estos elementos estaban en un taller de reparación de motocicletas, que no solo funcionaba presuntamente como expendio de sustancias estupefacientes, sino que además era utilizado por un componente sicarial vinculado a la organización delincuencial Cordillera para ocultar armas de fuego. Al parecer, algunas de estas armas habrían sido alquiladas para la comisión de hurtos y otros hechos delictivos.Según el abogado, estos señalamientos nunca fueron tratados ni discutidos en audiencia pública.
“Inflaron los hechos”
“La Policía Nacional infló los hechos y le tomó fotografías a mi cliente con unos elementos que nunca le encontraron, como las seis armas de fuego y las mil 300 dosis de marihuana y un arma de fuego tipo lapicero dentro de un procedimiento en el que hubo una serie de irregularidades y precisamente por eso fue declarado ilegal por un juez de control de garantías”, afirmó Bermúdez Giraldo.
El abogado agregó que Alejandro Arévalo fue detenido el viernes 30 de enero en horas de la noche, pero los uniformados le impidieron reunirse con su defendido; él observó cuando era sacado y entrando constantemente de la patrulla, al parecer mientras le grababan videos.
Según el jurista, incluso ubicaron las patrullas de tal forma que no pudiera observar lo que ocurría en el parqueadero de la estación, donde, según él, se estarían realizando los registros fotográficos que posteriormente aparecieron en redes sociales.
“Luego veo notas de prensa donde utilizaron un alias, un remoquete, sabiendo que la profesión de él es carnicero y que trabaja en la tienda del mismo barrio donde vive y lo hacen ver como un supuesto delincuente, el cual no tiene ningún antecedente ni anotación judicial”, aseguró.
Giraldo Bermúdez explicó que “el lugar donde se realizó la captura no es un establecimiento público, es la vivienda donde reside Alejandro, quien en el momento de la captura estaba en el garaje de la casa con un amigo y había dos motos, las cuales estaban arreglando. Ese garaje no tenía las puertas abiertas al público, el procedimiento policial fue arbitrario, es un inmueble privado”. Agregó que los policías que realizaron el procedimiento son uniformados, no policía judicial y no tenían orden de registro y allanamiento, lo que agravaría la situación.
El abogado señaló que se ve obligado a interponer acciones legales ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, no solo contra los policías que realizaron el operativo, sino también contra los superiores que no ejercieron el debido control. Y que para ello aportará las entrevistas, fotos y registros de cámaras de seguridad del sector, entre ello lo que grabó dentro de la estación de policía y su testimonio de que no lo dejaban hablar ni entrevistar con su cobijado.
Lo que sí pasó
Ante la denuncia, este medio de comunicación buscó corroborar lo informado y accedió a la audiencia virtual realizada el 31 de enero por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia donde la fiscalía 36 Uri narró el procedimiento basado en el informe de captura entregado por los agentes encargados.
En la diligencia el fiscal narró que: el viernes 30 de enero a las 7:03 de la noche en la manzana 9 casa 15 del barrio Bombay 3 del municipio de Dosquebradas, en su lugar de residencia fue detenido Alejandro (carnicero), junto a Juan Pablo quien labora como mecánico.
Manifestó que una patrulla de policía que estaba realizando labores de registro y control a establecimientos abiertos al público, llegó al taller de motos donde estaban los hoy investigados laborando, al ingresar, uno de ellos mostró una actitud nerviosa lo que llevó a los uniformados a realizar una verificación visual más exhaustiva y observaron dos armas de fuego sobre el sillín de una motocicleta: un revólver calibre 38 y cinco cartuchos y una pistola calibre 7.65 con un proveedor.
En una caja metálica donde guardan herramientas, observaron otras dos armas de fuego con municiones. Así, procedieron a capturarlos e incautar las armas de fuego que, según la fiscalía, fueron sometidas a verificación. Tres de ellas son aptas para disparar.
La fiscalía dijo que los investigados habían dejado la constancia de que los policías entraron al local encapuchados, los amenazaron con armas y los tiraron al suelo. El fiscal del caso nunca habló de la marihuana incautada, ni de un lapicero pistola.
Ilegal las capturas
El Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia con función de control de garantías manifestó que el fiscal no demostró que el sitio del operativo fuera un establecimiento público. Por el contrario los videos y fotografías aportados por la defensa permiten establecer que el sitio donde se realizó el allanamiento corresponde al garaje de una vivienda. Así mismo dijo el juez que ni el informe policial, ni la exposición de la fiscalía permiten establecer con claridad si los elementos se encontraban en un área visible al público. Así, el juez declaró ilegal la captura de los ciudadanos, por no acreditarse el delito en flagrancia y les otorgó libertad inmediata.
Dato
Q’hubo conoció que el arma en forma de lapicero, que también fue presentada en este operativo, en realidad fue incautada en otro procedimiento realizado en el barrio San Judas.
COMENTARIOS