Ayer siguieron las audiencias de medida de aseguramiento contra Jorge Diego Ramos Castaño, ex alcalde de Dosquebradas; Claudia Patricia Gar...
Ayer siguieron las audiencias de medida de aseguramiento contra Jorge Diego Ramos Castaño, ex alcalde de Dosquebradas; Claudia Patricia García Morales y Juan Carlos Sepúlveda Montoya, ex secretario de Gobierno. La diligencia empezó a las 8:00 a. m. y terminó casi a las 3:00 p. m., pero no alcanzó a completarse, un defensor quedó sin intervenir. Hoy continúa la pelea jurídica, donde se sabrá si el juez los manda para la cárcel o los deja seguir el proceso en libertad.
Defensa de Jorge Diego Ramos
Esta vez el turno fue para los abogados de la defensa, que entraron con ganas de tumbar la petición de cárcel, jugándose todas sus cartas, con evidencias y testimonios.
José Renato Marín Carmona, defensor de Diego Ramos, arrancó tumbando la relación jefe - subalterna entre Ramos y Claudia Patricia Gacía Morales, recordando que al despacho de un alcalde municipal están adscritas varias secretarías con empleados de libre remoción y contratistas. Dijo que, mediante su investigador, pidió a la Alcaldía que le confirmaran quién era la secretaria privada del exalcalde en el segundo semestre del 2022, la respuesta oficial fue que, se trataba de Paula Andrea Vidal Polanía, no Claudia Patricia García Morales.
Así, argumentó que Claudia Patricia no dependía del despacho de Ramos, sino de otra secretaría completamente ajena. También señaló que en los audios donde ella habla de un jefe, no existe prueba alguna de que se refiriera a Ramos. Pudo ser cualquier otra persona.
Marín añadió que Ramos, como alcalde, tenía una cantidad de funciones y que autorizar las fiestas no lo convierte en autor de ningún delito. Leyó una entrevista realizada a Giovani Ducuara, ex secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, quien aseguró que nunca recibió instrucciones de direccionar un contrato hacia nadie ni insinuaciones de Ramos, lo que contradice el testimonio de Angélica Raigosa, quien se desempeñaba como jefe de Comunicaciones y era la interventora del contrato de las fiestas.
Sobre el comité pro fiestas, explicó que el exalcalde simplemente sugería artistas y pidió celeridad en plan de medios, algo común en cualquier administración, sin que eso implique conducta irregular.
El abogado Renato Marín, expuso una evidencia que ni la misma fiscal del caso se esperaba: una entrevista clave al concejal de Belén de Umbría, Carlón Londoño Sánchez, también detenido en el mismo proceso. Desde la cárcel y cumpliendo con todos los parámetros legales, respondió sobre su relación con Diego Ramos durante el 2022 o si tuvieron algún tipo de reunión o comunicación; este respondió que nunca tuvo contacto con él, tumbando la teoría de una supuesta coordinación directa.
Sobre la polémica que la fiscal quiso armar por la entrega del exalcalde Ramos, antes de ser capturado, Renato recalcó que no es delito que una persona, si sabe que está siendo investigada, contrate un abogado y busque pruebas para su defensa. Y agregó que pretender mostrar eso como conducta sospechosa es desproporcionado.
Cerró su intervención pidiendo que no se imponga ninguna medida preventiva de la libertad, porque no hay una sola prueba que lo convierta en un peligro para la sociedad y catalogó estas como “nefastas audiencias preliminares”.
Defensa de Sepúlveda
El abogado Hernán Darío Soto Arango defendió a Juan Carlos Sepúlveda Montoya afirmando que su cargo en la Secretaría de Gobierno no tenía relación con el convenio, que no era supervisor, no ordenaba gastos y nunca direccionó contratos. Dijo que lleva más de 30 años viviendo en la misma casa, no tiene vida ostentosa y siempre estuvo disponible porque sabía que era investigado.
Aseguró que es exagerado insinuar que podría huir por tener visa. Negó cualquier vínculo con la filtración de información a medios y pidió que no se le juzgue por especulaciones, afirmó que por eso no los pueden prejuzgar.
Defensa de Claudia Patricia
Juan David García Lemus, su defensor, no habló ayer. Su intervención quedó programada para hoy, donde será pieza clave en la continuación de la audiencia.
Contexto de caso
Todo gira alrededor del convenio 2526, firmado el 30 de agosto del 2022 para las Fiestas del Progreso. La Fiscalía insiste en que el convenio terminó manejado por Carlón Londoño Sánchez, concejal de Belén de Umbría, aunque el contrato estaba a nombre de una fundación, que no habría devuelto $242 millones entregados para la ejecución del evento. La Fiscalía 28 Seccional pidió cárcel para los tres, asegurando que representan riesgo para el proceso. Dijo que Ramos mantiene influencia política, aspira a la Cámara y ha viajado varias veces a Estados Unidos este año.
Hoy la audiencia continúa
El juez tendrá que decidir si mete a los tres en un centro penitenciario o si siguen defendiéndose en libertad, mientras la Fiscalía y las defensas siguen midiéndose golpe a golpe.
Defensa de Jorge Diego Ramos
Esta vez el turno fue para los abogados de la defensa, que entraron con ganas de tumbar la petición de cárcel, jugándose todas sus cartas, con evidencias y testimonios.
José Renato Marín Carmona, defensor de Diego Ramos, arrancó tumbando la relación jefe - subalterna entre Ramos y Claudia Patricia Gacía Morales, recordando que al despacho de un alcalde municipal están adscritas varias secretarías con empleados de libre remoción y contratistas. Dijo que, mediante su investigador, pidió a la Alcaldía que le confirmaran quién era la secretaria privada del exalcalde en el segundo semestre del 2022, la respuesta oficial fue que, se trataba de Paula Andrea Vidal Polanía, no Claudia Patricia García Morales.
Así, argumentó que Claudia Patricia no dependía del despacho de Ramos, sino de otra secretaría completamente ajena. También señaló que en los audios donde ella habla de un jefe, no existe prueba alguna de que se refiriera a Ramos. Pudo ser cualquier otra persona.
Marín añadió que Ramos, como alcalde, tenía una cantidad de funciones y que autorizar las fiestas no lo convierte en autor de ningún delito. Leyó una entrevista realizada a Giovani Ducuara, ex secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, quien aseguró que nunca recibió instrucciones de direccionar un contrato hacia nadie ni insinuaciones de Ramos, lo que contradice el testimonio de Angélica Raigosa, quien se desempeñaba como jefe de Comunicaciones y era la interventora del contrato de las fiestas.
Sobre el comité pro fiestas, explicó que el exalcalde simplemente sugería artistas y pidió celeridad en plan de medios, algo común en cualquier administración, sin que eso implique conducta irregular.
El abogado Renato Marín, expuso una evidencia que ni la misma fiscal del caso se esperaba: una entrevista clave al concejal de Belén de Umbría, Carlón Londoño Sánchez, también detenido en el mismo proceso. Desde la cárcel y cumpliendo con todos los parámetros legales, respondió sobre su relación con Diego Ramos durante el 2022 o si tuvieron algún tipo de reunión o comunicación; este respondió que nunca tuvo contacto con él, tumbando la teoría de una supuesta coordinación directa.
Sobre la polémica que la fiscal quiso armar por la entrega del exalcalde Ramos, antes de ser capturado, Renato recalcó que no es delito que una persona, si sabe que está siendo investigada, contrate un abogado y busque pruebas para su defensa. Y agregó que pretender mostrar eso como conducta sospechosa es desproporcionado.
Cerró su intervención pidiendo que no se imponga ninguna medida preventiva de la libertad, porque no hay una sola prueba que lo convierta en un peligro para la sociedad y catalogó estas como “nefastas audiencias preliminares”.
Defensa de Sepúlveda
El abogado Hernán Darío Soto Arango defendió a Juan Carlos Sepúlveda Montoya afirmando que su cargo en la Secretaría de Gobierno no tenía relación con el convenio, que no era supervisor, no ordenaba gastos y nunca direccionó contratos. Dijo que lleva más de 30 años viviendo en la misma casa, no tiene vida ostentosa y siempre estuvo disponible porque sabía que era investigado.
Aseguró que es exagerado insinuar que podría huir por tener visa. Negó cualquier vínculo con la filtración de información a medios y pidió que no se le juzgue por especulaciones, afirmó que por eso no los pueden prejuzgar.
Defensa de Claudia Patricia
Juan David García Lemus, su defensor, no habló ayer. Su intervención quedó programada para hoy, donde será pieza clave en la continuación de la audiencia.
Contexto de caso
Todo gira alrededor del convenio 2526, firmado el 30 de agosto del 2022 para las Fiestas del Progreso. La Fiscalía insiste en que el convenio terminó manejado por Carlón Londoño Sánchez, concejal de Belén de Umbría, aunque el contrato estaba a nombre de una fundación, que no habría devuelto $242 millones entregados para la ejecución del evento. La Fiscalía 28 Seccional pidió cárcel para los tres, asegurando que representan riesgo para el proceso. Dijo que Ramos mantiene influencia política, aspira a la Cámara y ha viajado varias veces a Estados Unidos este año.
Hoy la audiencia continúa
El juez tendrá que decidir si mete a los tres en un centro penitenciario o si siguen defendiéndose en libertad, mientras la Fiscalía y las defensas siguen midiéndose golpe a golpe.
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