En la mañana de ayer, se reactivó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Jorge Diego Ramos Castaño, Claudia Patricia G...
En la mañana de ayer, se reactivó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Jorge Diego Ramos Castaño, Claudia Patricia García y Juan Carlos Sepúlveda. La Fiscalía 28 Seccional solicitó para los tres cárcel, argumentando el riesgo que representan para la sociedad y el proceso judicial, especialmente por la influencia política de Ramos, quien es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U.
La argumentación
La Fiscalía culminó la revelación de los audios obtenidos del celular de Carlón Londoño, a través de chats de WhatsApp. En dichos audios no se evidenció ninguna conversación entre el concejal de Belén de Umbría y el exalcalde en la que se mencionara la distribución de dinero o porcentajes como beneficio del convenio relacionado con las fiestas del año 2022.
La fiscal destacó que toda la programación de las fiestas fue dirigida por el alcalde, quien, en conjunto con los otros implicados, hicieron un contrato con Jorge Augusto Arias Orozco, representante legal de la Fundación Marchando por Colombia para la ejecución de las festividades. Sin embargo, el convenio terminó en manos de un tercero, el concejal del municipio de Belén de Umbría, quien según la fiscalía no ha devuelto los $242 millones asignados para la realización del evento, de los cuales no presentó soporte alguno al momento de hacer el cierre del contrato.
Pidió cárcel
La fiscalía solicitó al Juzgado Segundo con Funciones Mixtas de Dosquebradas la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario para los imputados, argumentando que representan un peligro para la comunidad. En su intervención, la fiscal aclaró que no debe valorarse únicamente el número de delitos imputados, sino la naturaleza de los mismos, la gravedad de la conducta y la pena que estos conllevan.
La fiscal fue enfática al declarar que Diego Ramos representa un riesgo debido a la influencia que aún ejerce como exalcalde de Dosquebradas. Dijo que es de público conocimiento y ha sido ampliamente difundido en redes sociales su aspiración política como candidato a la Cámara de Representantes. Según la fiscal, su candidatura, sumada a su anterior gestión como alcalde, le otorgan un acceso privilegiado al municipio de Dosquebradas, lo que le permitiría movilizar recursos humanos para obstaculizar las pruebas del proceso judicial.
Entrega voluntaria y su estrategia defensiva
La fiscalía informó que el 18 de noviembre, Diego Ramos llegó al Palacio de Justicia acompañado de su abogado para presentarse, entrega que sería una estrategia defensiva para argumentar que no representa un riesgo para la sociedad ni una obstrucción a la justicia. Según la fiscalía, la entrega fue motivada por una filtración de información sobre las capturas, señalando que solo se filtró el proceso de Diego Ramos a través de su abogado ya que Claudia y Juan Carlos sí fueron detenidos mediante orden judicial.
La fiscalía señaló que Diego Ramos no se presentó el 15 de noviembre de 2025, cuando fueron citados los candidatos del Partido de la U para el sorteo de la balota y la asignación de su número de ubicación en el tarjetón electoral para la Cámara de Representantes. La fiscal también destacó su ausencia en las reuniones políticas, según ella porque su abogado pensaba entregarlo ante la justicia.
Finalmente cerró diciendo que si bien Ramos tiene arraigo, posee una visa americana, que ha utilizado en varias ocasiones este año para salir del país; según su concepto, hay riesgo de que pueda evadir el proceso judicial.
Suspensión de la audiencia
Dado el volumen de pruebas presentadas, los abogados de los imputados solicitaron al juez una suspensión temporal de la audiencia para estudiar los elementos materiales probatorios y recolectar evidencias para preparar su defensa. El Juzgado accedió a la solicitud y suspendió la audiencia hasta el próximo lunes 1 de diciembre a las 8:00 a.m. En esa fecha, se llevará a cabo la intervención de la defensa, y el juez decidirá si los imputados quedarán en libertad o si son enviados a la cárcel.
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