Hoy serán presentados ante los estrados judiciales el exalcalde de Dosquebradas, Jorge Diego Castaño, junto a Juan Carlos Sepúlveda Montoya,...
Hoy serán presentados ante los estrados judiciales el exalcalde de Dosquebradas, Jorge Diego Castaño, junto a Juan Carlos Sepúlveda Montoya, exsecretario de Gobierno, y Claudia Patricia García Morales, ex secretaria privada. Los tres deberán responder por unas presuntas irregularidades en la ejecución del contrato para la celebración de las fiestas del año 2022.
Recordemos que en la mañana de ayer el líder político llegó al palacio de justicia acompañado de su abogado de confianza, el penalista Renato Marín. Ambos arribaron a las 7:30 de la mañana y de inmediato se dirigieron a la oficina de la fiscalía 28 seccional especial de la administración pública, donde Jorge Diego Ramos Castaño se puso a disposición de las autoridades.
A raíz de este acto voluntario, la misma fiscal del caso solicitó a los investigadores de la Dijín de Bogotá que hicieran efectivas las órdenes de captura contra Juan Carlos Sepúlveda Montoya, ex secretario de Gobierno, quien fue detenido en el barrio La Capilla de Dosquebradas y Claudia Patricia García Morales, ex secretaria privada; esta última fue detenida a las afueras de las instalaciones de la Gobernación de Risaralda, donde labora como contratista y donde los uniformados le notificaron el procedimiento de orden de captura.
Primera fase
Cabe recordar que el 7 de agosto del año 2025 fueron judicializados Angélica María Raigosa Restrepo, Natalia Trilleras Giraldo, Yolima María Bueno Mendoza, Jorge Augusto Arias Orozco (contratista) y el concejal del municipio de Belén de Umbría, Carlon Londoño Sánchez.
Los hechos por los cuales inició la investigación contra estas personas se remontan al mes de noviembre del año 2022, cuando en la Alcaldía de Dosquebradas se firmó el convenio de asociación No. 2526, por un valor de $761.841.664,71, que tenía como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de eventos artísticos y culturales en el marco de los 50 años del municipio de Dosquebradas.
Según la investigación liderada por la Fiscalía de Risaralda y la Dijín, este convenio le fue adjudicado directamente al concejal Carlon Londoño, usando como intermediario a un tercero: Jorge Augusto Arias Orozco, representante legal de la Fundación Marchando por Colombia.
Las autoridades señalan que dicha fundación fue utilizada como fachada para adjudicar de manera irregular el contrato, ya que Arias Orozco habría prestado su nombre y el de su entidad para favorecer al concejal, con quien presuntamente tenía una relación cercana.
Las investigaciones evidenciaron que Yolima María Bueno Mendoza, en calidad de ordenadora del gasto, junto con las supervisoras Angélica María Raigosa Restrepo y Natalia Trilleras Giraldo, así como el contratista Jorge Augusto Arias Orozco, certificaron que el objeto contractual del convenio de asociación No. 2526 de 2022 se había ejecutado a satisfacción, pese a saber que la Fundación Marchando por Colombia no fue quien invirtió los recursos del Estado en la ejecución del convenio, sino que estos fueron entregados al concejal Carlon Londoño Sánchez, verdadero beneficiario. Además, se constató que, tras casi tres años, el convenio aún no ha sido liquidado.
La segunda fase
Según la Fiscalía, el ex alcalde Diego Ramos, junto con la ex secretaria privada y el ex secretario de Gobierno, habría direccionado el convenio para la realización de las fiestas de los 50 años de Dosquebradas para el exconcejal de Belén de Umbría, Carlon Londoño Sánchez, quien habría sido en realidad la persona que ejecutó el contrato. Las investigaciones apuntan a que Ramos autorizó la suscripción del convenio con Jorge Augusto Arias Orozco, representante legal de la Fundación Marchando por Colombia, pero que los recursos $242.049.913 de origen público terminaron en manos de Londoño Sánchez.
Para la Fiscalía, Diego Ramos no solo habría direccionado el convenio hacia el exconcejal Carlon Londoño Sánchez; además habría omitido el control legal, la vigilancia y el seguimiento sobre su ejecución.
De acuerdo con la Fiscalía, Ramos habría coordinado el direccionamiento del convenio junto con la exsecretaria privada Claudia Patricia García y el exsecretario de Gobierno Juan Carlos Sepúlveda, quienes realizaron los trámites y mantuvieron los contactos directos con el exconcejal. Aunque eran ellos quienes coordinaban las gestiones con Londoño Sánchez, el organismo investigador sostiene que el entonces alcalde estaba plenamente informado y era consciente de que toda la intervención se hacía en beneficio del exconcejal.
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Según la Fiscalía, Claudia Patricia García se reunía en el despacho del entonces alcalde Diego Ramos junto a Juan Carlos Sepúlveda y Carlon Londoño Sánchez, y habría sido ella quien presentó al exconcejal ante los funcionarios como el operador de las fiestas de Dosquebradas, indicándoles que debía ser informado de todas las actividades y decisiones del evento. El ente investigador señala que Claudia, Sepúlveda y el propio alcalde sostuvieron varias reuniones para organizar y modificar la programación de las festividades, y que fue Claudia quien gestionó ante la Secretaría de Hacienda el pago correspondiente al operador, consolidando así su participación directa en el desarrollo del convenio.
La Fiscalía afirmó además que tiene como prueba múltiples conversaciones extraídas del celular incautado al exconcejal Londoño, en las que este dialogó con Claudia y Sepúlveda sobre la coordinación y ajustes relacionados con las actividades de las festividades.
Sin embargo se conoció que en estas conversaciones, Carlon solo habla con Claudia y Juan Carlos, no tuvo conversaciones con Diego Ramos.
Según la Fiscalía Carlon se habría apropiado de los recursos públicos porque presuntamente las personas investigadas lo permitieron y que el dinero de los recursos públicos Carlon no lo ha regresado.
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Los delitos
La Fiscalía 28 Seccional Especializada en Administración Pública solicitó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella las órdenes de captura contra el exalcalde de Dosquebradas, Diego Ramos Castaño, por los delitos de peculado por apropiación en concurso con interés indebido en la celebración de contratos; así como contra la ex secretaria privada, Claudia Patricia García Morales, y contra el exsecretario de Gobierno, Juan Carlos Sepúlveda Montoya por interés indebido en la celebración de contratos.
¿Porqué pidió la fiscalía la orden de captura ?
Durante la solicitud de órdenes de capturas, la fiscalía que lleva el caso manifestó que existe un riesgo inminente de obstrucción a la justicia, dada la influencia del ex alcalde Diego Ramos Castaño, ya que Ramos Castaño ha iniciado una campaña con miras a inscribirse como candidato al Congreso de la República. Dice que su aspiración política y la visibilidad que eso le otorga pueden ser utilizadas para incidir en esta investigación penal. La posición de poder que ostentó como jefe de la administración municipal, sumado a la influencia política y administrativa le permite tener acceso privilegiado a los entes municipales.
La defensa
El abogado Renato Marín, defensor del ex alcalde Diego Ramos, manifestó que fue él quien presentó voluntariamente a su representado ante la Fiscalía. Explicó que desde semanas atrás tenían conocimiento de que Ramos estaba siendo investigado por ese despacho, motivo por el cual enviaron un oficio ofreciendo su comparecencia. Sin embargo, al no recibir respuesta, decidieron presentarse de manera anticipada en la mañana de ayer, momento en el que finalmente le fue notificada la orden de captura al líder político.
Recordemos que en la mañana de ayer el líder político llegó al palacio de justicia acompañado de su abogado de confianza, el penalista Renato Marín. Ambos arribaron a las 7:30 de la mañana y de inmediato se dirigieron a la oficina de la fiscalía 28 seccional especial de la administración pública, donde Jorge Diego Ramos Castaño se puso a disposición de las autoridades.
A raíz de este acto voluntario, la misma fiscal del caso solicitó a los investigadores de la Dijín de Bogotá que hicieran efectivas las órdenes de captura contra Juan Carlos Sepúlveda Montoya, ex secretario de Gobierno, quien fue detenido en el barrio La Capilla de Dosquebradas y Claudia Patricia García Morales, ex secretaria privada; esta última fue detenida a las afueras de las instalaciones de la Gobernación de Risaralda, donde labora como contratista y donde los uniformados le notificaron el procedimiento de orden de captura.
Primera fase
Cabe recordar que el 7 de agosto del año 2025 fueron judicializados Angélica María Raigosa Restrepo, Natalia Trilleras Giraldo, Yolima María Bueno Mendoza, Jorge Augusto Arias Orozco (contratista) y el concejal del municipio de Belén de Umbría, Carlon Londoño Sánchez.
Los hechos por los cuales inició la investigación contra estas personas se remontan al mes de noviembre del año 2022, cuando en la Alcaldía de Dosquebradas se firmó el convenio de asociación No. 2526, por un valor de $761.841.664,71, que tenía como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de eventos artísticos y culturales en el marco de los 50 años del municipio de Dosquebradas.
Según la investigación liderada por la Fiscalía de Risaralda y la Dijín, este convenio le fue adjudicado directamente al concejal Carlon Londoño, usando como intermediario a un tercero: Jorge Augusto Arias Orozco, representante legal de la Fundación Marchando por Colombia.
Las autoridades señalan que dicha fundación fue utilizada como fachada para adjudicar de manera irregular el contrato, ya que Arias Orozco habría prestado su nombre y el de su entidad para favorecer al concejal, con quien presuntamente tenía una relación cercana.
Las investigaciones evidenciaron que Yolima María Bueno Mendoza, en calidad de ordenadora del gasto, junto con las supervisoras Angélica María Raigosa Restrepo y Natalia Trilleras Giraldo, así como el contratista Jorge Augusto Arias Orozco, certificaron que el objeto contractual del convenio de asociación No. 2526 de 2022 se había ejecutado a satisfacción, pese a saber que la Fundación Marchando por Colombia no fue quien invirtió los recursos del Estado en la ejecución del convenio, sino que estos fueron entregados al concejal Carlon Londoño Sánchez, verdadero beneficiario. Además, se constató que, tras casi tres años, el convenio aún no ha sido liquidado.
La segunda fase
Según la Fiscalía, el ex alcalde Diego Ramos, junto con la ex secretaria privada y el ex secretario de Gobierno, habría direccionado el convenio para la realización de las fiestas de los 50 años de Dosquebradas para el exconcejal de Belén de Umbría, Carlon Londoño Sánchez, quien habría sido en realidad la persona que ejecutó el contrato. Las investigaciones apuntan a que Ramos autorizó la suscripción del convenio con Jorge Augusto Arias Orozco, representante legal de la Fundación Marchando por Colombia, pero que los recursos $242.049.913 de origen público terminaron en manos de Londoño Sánchez.
Para la Fiscalía, Diego Ramos no solo habría direccionado el convenio hacia el exconcejal Carlon Londoño Sánchez; además habría omitido el control legal, la vigilancia y el seguimiento sobre su ejecución.
De acuerdo con la Fiscalía, Ramos habría coordinado el direccionamiento del convenio junto con la exsecretaria privada Claudia Patricia García y el exsecretario de Gobierno Juan Carlos Sepúlveda, quienes realizaron los trámites y mantuvieron los contactos directos con el exconcejal. Aunque eran ellos quienes coordinaban las gestiones con Londoño Sánchez, el organismo investigador sostiene que el entonces alcalde estaba plenamente informado y era consciente de que toda la intervención se hacía en beneficio del exconcejal.
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Según la Fiscalía, Claudia Patricia García se reunía en el despacho del entonces alcalde Diego Ramos junto a Juan Carlos Sepúlveda y Carlon Londoño Sánchez, y habría sido ella quien presentó al exconcejal ante los funcionarios como el operador de las fiestas de Dosquebradas, indicándoles que debía ser informado de todas las actividades y decisiones del evento. El ente investigador señala que Claudia, Sepúlveda y el propio alcalde sostuvieron varias reuniones para organizar y modificar la programación de las festividades, y que fue Claudia quien gestionó ante la Secretaría de Hacienda el pago correspondiente al operador, consolidando así su participación directa en el desarrollo del convenio.
La Fiscalía afirmó además que tiene como prueba múltiples conversaciones extraídas del celular incautado al exconcejal Londoño, en las que este dialogó con Claudia y Sepúlveda sobre la coordinación y ajustes relacionados con las actividades de las festividades.
Sin embargo se conoció que en estas conversaciones, Carlon solo habla con Claudia y Juan Carlos, no tuvo conversaciones con Diego Ramos.
Según la Fiscalía Carlon se habría apropiado de los recursos públicos porque presuntamente las personas investigadas lo permitieron y que el dinero de los recursos públicos Carlon no lo ha regresado.
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Los delitos
La Fiscalía 28 Seccional Especializada en Administración Pública solicitó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella las órdenes de captura contra el exalcalde de Dosquebradas, Diego Ramos Castaño, por los delitos de peculado por apropiación en concurso con interés indebido en la celebración de contratos; así como contra la ex secretaria privada, Claudia Patricia García Morales, y contra el exsecretario de Gobierno, Juan Carlos Sepúlveda Montoya por interés indebido en la celebración de contratos.
¿Porqué pidió la fiscalía la orden de captura ?
Durante la solicitud de órdenes de capturas, la fiscalía que lleva el caso manifestó que existe un riesgo inminente de obstrucción a la justicia, dada la influencia del ex alcalde Diego Ramos Castaño, ya que Ramos Castaño ha iniciado una campaña con miras a inscribirse como candidato al Congreso de la República. Dice que su aspiración política y la visibilidad que eso le otorga pueden ser utilizadas para incidir en esta investigación penal. La posición de poder que ostentó como jefe de la administración municipal, sumado a la influencia política y administrativa le permite tener acceso privilegiado a los entes municipales.
La defensa
El abogado Renato Marín, defensor del ex alcalde Diego Ramos, manifestó que fue él quien presentó voluntariamente a su representado ante la Fiscalía. Explicó que desde semanas atrás tenían conocimiento de que Ramos estaba siendo investigado por ese despacho, motivo por el cual enviaron un oficio ofreciendo su comparecencia. Sin embargo, al no recibir respuesta, decidieron presentarse de manera anticipada en la mañana de ayer, momento en el que finalmente le fue notificada la orden de captura al líder político.
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