La Fiscalía Seccional de Risaralda solicitó medida de aseguramiento para cinco personas investigadas por presuntos hechos de corrupción en D...
La Fiscalía Seccional de Risaralda solicitó medida de aseguramiento para cinco personas investigadas por presuntos hechos de corrupción en Dosquebradas, quienes no aceptaron los delitos imputados: Angélica María Raigosa Restrepo, Natalia Trilleras Giraldo, Yolima María Bueno Mendoza, Jorge Augusto Arias Orozco (contratista) y el concejal del municipio de Belén de Umbría Carlon Londoño Sánchez.
No aceptaron
Ante el Juzgado Promiscuo de Santuario, los hoy investigados se declararon no responsables de los cargos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público e interés indebido en la celebración de contratos, imputados por la Fiscalía 28 Seccional contra la administración pública.
Detrimento patrimonial
Dentro de su argumentación, la fiscalía en la solicitud de la medida de aseguramiento, indicó que en la celebración de las fiestas de los 50 años de Dosquebradas, realizadas entre el 28 y 29 de noviembre de 2022, se produjo un detrimento patrimonial. De los cuales $242.049.913 habrían sido apropiados por los involucrados.
Así mismo la fiscal manifestó que las funcionarias detenidas, Yolima y Angélica, eran conscientes de que el contrato tenía como propósito beneficiar al concejal de Belén de Umbría, Carlon Londoño Sánchez, quien, por su calidad de servidor público, tenía impedimento legal para contratar con el Estado. De acuerdo con las investigaciones, ambas sostuvieron conversaciones telefónicas y mantuvieron contacto permanente con el concejal y su empleado de confianza, Daniel Fernando Gutiérrez Meza, incluso después de la adjudicación del convenio, para que este fijará los precios de la organización de las fiestas de Dosquebradas.
Según el ente acusador, Gutiérrez elaboró cotizaciones con valores elevados, siguiendo órdenes de Londoño, y las presentó como base para que un tercero ajeno a la Alcaldía adjudicará el contrato.
Según la investigación, Angélica permitió el pago a la Fundación Marchando por Colombia al firmar el acta parcial y el acta final, certificando falsamente que la supervisión había sido verificada y aprobada, mientras que ambas funcionarias también firmaron el acta de inicio, el acta final de pago, el informe de actividades ejecutadas y el informe final de supervisión, sabiendo que el convenio no lo ejecutó la fundación sino el concejal.Estos documentos, habrían justificado el desembolso del 100 % de los recursos público y Además, no existe soporte del 31 % de recursos propios que la fundación debía aportar según el contrato.
El testimonio de Daniel Fernando Gutiérrez Meza, hombre de confianza de Carlon, indica que el acuerdo fue diseñado para entregar los recursos al concejal a través de la fundación, sin reparos para que el municipio desembolsará el dinero. Además, la Contraloría halló seis irregularidades administrativas, una de ellas con alcance penal.
La Fiscalía aseguró que la elección del concejal Carlon Londoño Sánchez para la ejecución del contrato de las fiestas de los 50 años fue “a dedo” y que las funcionarias firmaron documentos con valores de eventos que aún no estaban definidos por la Alcaldía. Es decir, aprobaron una propuesta que incluía actividades sin conocer la programación oficial, los requisitos o los planes reales para las celebraciones.
Según el ente acusador, la secretaria Yolima y Natalia Trilleras firmaron el estudio previo sin realizar el estudio de mercado exigido para la contratación y aprobaron actividades sin conocer su valor real. La Fiscalía fue enfática al señalar que esta actuación permitió la apropiación de recursos públicos del municipio de Dosquebradas, en beneficio del concejal y de las funcionarias involucradas.
La Fiscalía también pidió cárcel
Natalia Trilleras, ya que en su calidad de directora operativa, avaló con su firma los estudios y documentos previos del contrato, a pesar de tener pleno conocimiento de que se trataba de una contratación adjudicada “a dedo” y de que dichos estudios estaban incompletos. Desde la etapa de planeación según el ente acusador ya se había definido que el contrato sería para el concejal Carlon, y aun así Natalia decidió firmar, sin que se hubieran fijado valores para las actividades ni establecido el monto oficial del convenio para las fiestas de Dosquebradas.
Para la Fiscalía, Natalia era consciente de que el procedimiento era completamente irregular, pues el estudio previo existe para abrir la posibilidad de presentar propuestas, no para direccionar la contratación. En este caso, la fundación Marchando por Colombia recibió los recursos con el propósito de entregarlos al concejal Carlon, quien los administraba directamente, usando a la fundación como intermediaria.
En cuanto a Yolima, quien era la ordenadora del gasto, el ente acusador solicitó medida de aseguramiento intramural (cárcel) para ella y para Angélica, argumentando que ambas continúan laborando en la administración municipal y podrían interferir en el proceso, así mismo el concejal Carlon quien tendría contratos de eventos con otros municipios del departamento.
Concejal tuvo otros millonarios contratos
La Fiscalía investiga la presunta continuidad delictiva de Carlon, concejal que, según las pesquisas, entre 2024 y 2025 habría mantenido contrataciones por más de 2 mil millones de pesos con la Gobernación de Caldas y varias alcaldías de Risaralda, entre ellas Belén de Umbría, La Celia y Balboa, a través de una fundación cuyo representante legal es un tercero, pero cuyo contacto directo sería el propio concejal. El contratista Jorge Augusto Arias Orozco, representante legal de la fundación Marchando por Colombia, también es señalado de instrumentalizar esta entidad para apropiarse de recursos públicos, incluso apareciendo en contratos celebrados con el municipio de La Celia.
Dato
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se reactivará el próximo miércoles 13 de agosto a las 7:30 de la mañana, donde intervendrán los abogados de los hoy detenidos.
No aceptaron
Ante el Juzgado Promiscuo de Santuario, los hoy investigados se declararon no responsables de los cargos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público e interés indebido en la celebración de contratos, imputados por la Fiscalía 28 Seccional contra la administración pública.
Detrimento patrimonial
Dentro de su argumentación, la fiscalía en la solicitud de la medida de aseguramiento, indicó que en la celebración de las fiestas de los 50 años de Dosquebradas, realizadas entre el 28 y 29 de noviembre de 2022, se produjo un detrimento patrimonial. De los cuales $242.049.913 habrían sido apropiados por los involucrados.
Así mismo la fiscal manifestó que las funcionarias detenidas, Yolima y Angélica, eran conscientes de que el contrato tenía como propósito beneficiar al concejal de Belén de Umbría, Carlon Londoño Sánchez, quien, por su calidad de servidor público, tenía impedimento legal para contratar con el Estado. De acuerdo con las investigaciones, ambas sostuvieron conversaciones telefónicas y mantuvieron contacto permanente con el concejal y su empleado de confianza, Daniel Fernando Gutiérrez Meza, incluso después de la adjudicación del convenio, para que este fijará los precios de la organización de las fiestas de Dosquebradas.
Según el ente acusador, Gutiérrez elaboró cotizaciones con valores elevados, siguiendo órdenes de Londoño, y las presentó como base para que un tercero ajeno a la Alcaldía adjudicará el contrato.
Según la investigación, Angélica permitió el pago a la Fundación Marchando por Colombia al firmar el acta parcial y el acta final, certificando falsamente que la supervisión había sido verificada y aprobada, mientras que ambas funcionarias también firmaron el acta de inicio, el acta final de pago, el informe de actividades ejecutadas y el informe final de supervisión, sabiendo que el convenio no lo ejecutó la fundación sino el concejal.Estos documentos, habrían justificado el desembolso del 100 % de los recursos público y Además, no existe soporte del 31 % de recursos propios que la fundación debía aportar según el contrato.
El testimonio de Daniel Fernando Gutiérrez Meza, hombre de confianza de Carlon, indica que el acuerdo fue diseñado para entregar los recursos al concejal a través de la fundación, sin reparos para que el municipio desembolsará el dinero. Además, la Contraloría halló seis irregularidades administrativas, una de ellas con alcance penal.
La Fiscalía aseguró que la elección del concejal Carlon Londoño Sánchez para la ejecución del contrato de las fiestas de los 50 años fue “a dedo” y que las funcionarias firmaron documentos con valores de eventos que aún no estaban definidos por la Alcaldía. Es decir, aprobaron una propuesta que incluía actividades sin conocer la programación oficial, los requisitos o los planes reales para las celebraciones.
Según el ente acusador, la secretaria Yolima y Natalia Trilleras firmaron el estudio previo sin realizar el estudio de mercado exigido para la contratación y aprobaron actividades sin conocer su valor real. La Fiscalía fue enfática al señalar que esta actuación permitió la apropiación de recursos públicos del municipio de Dosquebradas, en beneficio del concejal y de las funcionarias involucradas.
La Fiscalía también pidió cárcel
Natalia Trilleras, ya que en su calidad de directora operativa, avaló con su firma los estudios y documentos previos del contrato, a pesar de tener pleno conocimiento de que se trataba de una contratación adjudicada “a dedo” y de que dichos estudios estaban incompletos. Desde la etapa de planeación según el ente acusador ya se había definido que el contrato sería para el concejal Carlon, y aun así Natalia decidió firmar, sin que se hubieran fijado valores para las actividades ni establecido el monto oficial del convenio para las fiestas de Dosquebradas.
Para la Fiscalía, Natalia era consciente de que el procedimiento era completamente irregular, pues el estudio previo existe para abrir la posibilidad de presentar propuestas, no para direccionar la contratación. En este caso, la fundación Marchando por Colombia recibió los recursos con el propósito de entregarlos al concejal Carlon, quien los administraba directamente, usando a la fundación como intermediaria.
En cuanto a Yolima, quien era la ordenadora del gasto, el ente acusador solicitó medida de aseguramiento intramural (cárcel) para ella y para Angélica, argumentando que ambas continúan laborando en la administración municipal y podrían interferir en el proceso, así mismo el concejal Carlon quien tendría contratos de eventos con otros municipios del departamento.
Concejal tuvo otros millonarios contratos
La Fiscalía investiga la presunta continuidad delictiva de Carlon, concejal que, según las pesquisas, entre 2024 y 2025 habría mantenido contrataciones por más de 2 mil millones de pesos con la Gobernación de Caldas y varias alcaldías de Risaralda, entre ellas Belén de Umbría, La Celia y Balboa, a través de una fundación cuyo representante legal es un tercero, pero cuyo contacto directo sería el propio concejal. El contratista Jorge Augusto Arias Orozco, representante legal de la fundación Marchando por Colombia, también es señalado de instrumentalizar esta entidad para apropiarse de recursos públicos, incluso apareciendo en contratos celebrados con el municipio de La Celia.
Dato
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se reactivará el próximo miércoles 13 de agosto a las 7:30 de la mañana, donde intervendrán los abogados de los hoy detenidos.
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