En el segundo día de audiencias a 9 policías y 4 particulares, la fiscalía les imputó cargos por diferentes delitos presuntamente cometidos ...
En el segundo día de audiencias a 9 policías y 4 particulares, la fiscalía les imputó cargos por diferentes delitos presuntamente cometidos en el proceso de chatarrización de buses articulados y alimentadores que prestaban su servicio a Megabús de Pereira. Presuntamente los uniformados habrían recibido plata por expedir certificados falsos de los peritajes a los vehículos de servicio público
Dentro de los punibles se destaca falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión, endilgados a los funcionarios públicos, cargos que ninguno aceptó; mientras que a la señora Belén Zapata Aguirre, propietaria de la empresa Logitramites, le imputó concierto para delinquir agravado; a diferencia, esta se declaró responsable y gracias a un preacuerdo recibirá 36 meses de sentencia. Por su parte, Michel González Medina, jefe de zona de la desintegradora de vehículos, también aceptó los delitos de falsedad material documento público agravado y concierto para delinquir simple, así que obtendrá una pena de 48 meses de prisión.
Libres
La fiscalía solicitó medidas no privativas de la libertad para todos que consiste en no salir del país, acudir ante la fiscalía cuando sean queridos y los uniformados no podrán ejercer su especialidad como técnicos en identificación de automotores de la Policía Nacional, como peritos ni podrán expedir certificaciones de vehículos.
Recordemos que de los nueve policías detenidos, siete son activos y pertenecen a la unidad de investigación criminal Sijín y sirven como técnicos en automotores de las ciudades de Medellín y Manizales.
La cadena criminal
La investigación inició por una fuente que dio información a la fiscalía sobre el trámite de chatarrización de 90 buses y articulados de Megabús sin el cumplimiento de los requisitos legales, al consultar al AMCO establecieron que los automotores pertenecían al banco Itaú y directivos de este informaron que en efecto, contrató a la empresa Logitramites de la señora Belén Zapata Aguirre, para adelantar los trámites tendientes a la desintegración de los automotores y Belén a su vez, a la empresa desintegradora de Michel que emite el certificado para subirlo al RUT.
Les pagaban
En interrogatorio con la Fiscalía, la señora Belén admitió que entregó dinero extra para agilizar la expedición de los certificados de los vehículos por parte de la policía. Se conoció que, aunque los uniformados debían realizar el peritaje revisando cada vehículo, lo realizaron sin ni siquiera verlos. La mujer admitió que los pagos fueron desde $100 mil hasta un millón de pesos por cada certificado.
La mujer también dijo que el señor Michel de la empresa desintegradora, pese a que el vehículo no existiera, certificaba que este estaba en trámite de desintegración física y tenía conocimiento de los certificados que emitían los funcionarios de la Sijín y que los carros no fueron desintegrados en la ciudad de Medellín sino en Cali en otra de las sedes, todo para que el banco les pagará los servicios prestados.
Según el fiscal, Michel expedida la certificación sin los requisitos legales, cometió 4 falsedades en documento público
Evidencias contra los agentes
La Fiscalía indicó que en 2018, 2019 y 2020, los policías firmaron revisiones técnicas de buses y articulados de Megabús sin cumplimiento de los requisitos legales. Los carros nunca ingresaron a las salas técnicas de Medellín y Manizales; cuenta con interceptaciones de llamadas donde Belén ratifica que los carros nunca los llevaron para hacerle el peritaje que solo llevaron las improntas y no se hizo el registro fotográfico exigido.
Así mismo, el ente acusador manifestó que había vehículos que ya habían sido chatarrizados dos meses antes de expedir los certificados; 10 buses tenían denuncia por hurto de motor, otros tenían procesos judiciales.
Dato
A las 9:30 de la mañana se reactivará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento donde intervendrá la defensa y posteriormente la juez tomará la decisión.
Dato
Mauricio Giraldo Zapata y Jhon Fredy Montoya Ortiz actualmente son policías retirados.
Procesados
Intendentes Juan Alejandro Gallego Higuita, Luis Fernando Gómez Dávila, Danny David Sánchez Cárdenas, sargento Neimer Estid Giraldo Ramírez y patrulleros Milton Fernando Duran Torres, Edison Rodríguez Cifuentes y Juan Abelardo Salazar Henao; John Fredy Montoya Ortiz, pensionado de la Policía Nacional, el policía retirado Mauricio Giraldo Zapata, capturado en la ciudad de Pereira. Asimismo, Belén Zapata Aguirre, gerente de la empresa Logitramites (asesoría y servicio de trámites de tránsito a nivel nacional) con sede en el municipio de Itagüí (Antioquia) y Michel González Medina.
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