Libres los primeros procesados por caso cesantías

Culminaron ayer las audiencias preliminares de los cuatro funcionarios de la alcaldía investigados por dos delitos relacionados con corrupción, el juez resolvió la solicitud de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía, la cual consideraba la necesidad de agravarlos con detención domiciliaria, sin embargo el juez primero penal municipal decidió dejarlos en libertad, pues estima que no se cumple con los requisitos para privarlos de la libertad.

Ante esta decisión la fiscal 20 seccional, encargada del caso, decidió apelar a una segunda instancia y argumentó por qué estos funcionarios deberían seguir su proceso en detención.


Argumentos del juez

El jurista se tomó toda la noche del martes para estudiar los argumentos de la fiscalía y así decidir la medida de aseguramiento para Sandra Milena Ramírez Trujillo, Orlando Rodríguez Marín, Leonardo Fabio Muñoz Flórez y Alexander Sanclemente Pasos quienes presuntamente participaron como coautores en los delitos de peculado por apropiación y obtención de documento público falso.

El juez dijo que sí existe una inferencia razonable sobre la presunta autoría y participación de los nombrados en dichos delitos. Agregó que la conducta es gravísima.

Sin embargo, argumentó que para dar una medida de aseguramiento privativa de la libertad se debe cumplir con los requisitos como la urgencia, la necesidad y la proporcionalidad.

Según él, en la argumentación la fiscalía se basó en la necesidad de privarlos de la libertad porque son un peligro para la sociedad porque podrían seguir cometiendo el delito.

El juez se aparta de esta consideración teniendo en cuenta que se trata de una coautoría en los delitos y según la investigación no fueron ellos quienes planearon la ‘empresa criminal’ sino que se beneficiaron de ella.

Sería el auxiliar administrativo Juan Andrés Ulloa Muñoz el autor directo de los delitos, quien falsificó los documentos, engañó a sus superiores para lograr las firmas y emitió las resoluciones para que se hicieran los desembolsos de las millonarias sumas que terminaron en las cuentas del Fondo Nacional del Ahorro a nombre de los hoy procesados y de otras personas que también son investigadas.

Agregó el juez que sin Juan Andrés Ulloa Muñoz estos no habrían podido cometer el ilícito porque era él quien cumplía las funciones específicas que le permitían perpetrar la irregularidad.

En este orden de ideas, indicó el juez que en lo sucesivo, los funcionarios no podrían volver a cometer un delito similar, por lo cual tampoco se cumple con el requisito de la continuidad.

¿La detención los beneficia?

El juez primero mencionó que, tal y como va el proceso, todo indica que estos buscarían un preacuerdo con la fiscalía y devolver los recursos de los cuales se apropiaron para reducir la sentencia y evitar ir a la cárcel.

Agregó que en este sentido una estrategia también es tener una medida de aseguramiento en detención domiciliaria para empezar a descontar la pena de una vez y a la hora de ser dictada la condena ya hayan pagado gran parte de esta y queden libres.

Si bien la medida los beneficia, el juez fue claro en indicar que él no debe fijarse en ello, sino en garantizar que se den todas las condiciones para agravar con la medida de aseguramiento y considera que en este caso no se reúnen.


Fiscalía apeló

La fiscal 20 y el fiscal de apoyo no dudaron en interponer el recurso de apelación a una segunda instancia y argumentaron que sí se cumplen con los requisitos para dictar una medida de aseguramiento, pues además de la gravedad de la conducta en la cual la afectada es la Alcaldía de Pereira, se cumple el de la urgencia por peligro para la sociedad pues estos sí podrían volver a cometer delitos como tal, prueba de ello es que Orlando Rodríguez Marín participó en estos hechos incluso estando ya pensionado.

Agregó el fiscal que no se puede minimizar la actuación de los procesados y no se deben mostrar como el último eslabón de la cadena porque claramente en este caso hubo un acuerdo para cometer los delitos, sin ellos Juan Andrés Ulloa tampoco habría podido cometer las irregularidades.

Culminó con que en efecto hubo una sucesión de conductas irregulares toda vez que Sandra Milena participó en 15 hechos, Alexander Sanclemente en tres ocasiones y Leonardo Fabio y Orlando en dos cada uno.


Alcaldía

Por su parte, Ivonne Hurtado, representante de la Alcaldía en este proceso, indicó que apoya la apelación de la fiscalía, toda vez que estos funcionarios volverán a las oficinas y no se puede garantizar que no vuelvan a cometer delitos similares.


Defensores

Todos los abogados defensores coincidieron en pedir a la segunda instancia que ratifique la decisión del juez de control de garantías y que los procesados puedan seguir en libertad.



Se voló

Durante las audiencias el Fiscal dejó claro que el autor directo de los dos delitos relacionados con corrupción fue Juan Andrés Ulloa Muñoz, quien para las fechas de los hechos se desempeñaba como técnico administrativo en la oficina de Gestión Administrativa.

Se conoció que en el concurso de méritos perdió y fue rebajado al grado de auxiliar en una comisaría, sin embargo renunció a este cargo cuando el alcalde denunció las irregularidades con el tema de las cesantías y dio a conocer el caso en los medios de comunicación.

La investigación interna empezó justo porque Ulloa, al dejar su cargo en Gestión Administrativa, quería ocultar el manejo de las cesantías y no entregaba la información a su reemplazo.

Al parecer esta persona, avizorando la investigación penal, habría abandonado el país.


Dato

Se conoció que Juan Adrés Ulloa les pedía a los funcionarios que recibían las cesantías, el 60% del dinero.


Preacuerdo

Al parecer los procesados están interesados en realizar un preacuerdo para atenuar la pena, para que este en efecto sea aprobado deben devolver todo el dinero que les consignaron, incluso el porcentaje que le dieron a Juan Andrés Ulloa.